El convenio plasma el intercambio de experiencia acerca de la situación que viven las personas que acuden a ambas instituciones y que puedan incidir en el mejoramiento de los programas a realizar, tendientes a la disminución y erradicación de la violencia contra la mujer
El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar y la Ministra de la Mujer, Juana Herrera, firmaron el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la finalidad de propiciar la colaboración en proyectos o programas de interés mutuo, que disminuyan la violencia contra la mujer, así como aquellos que sirvan de guía y empoderamiento a aquellas que son víctimas de violencia.
El Procurador manifestó que la violencia contra la mujer, niña y adolescente constituye la forma de violencia de los derechos humanos más extendida en el mundo y lamentablemente nuestro país no escapa de eso. Se calcula que, en Panamá, una de cada tres o cuatro mujeres son víctimas de algún tipo de violación a sus derechos o su condición de mujer.
En su intervención el Procurador Caraballo manifestó la importancia de unir esfuerzos para brindar respuesta efectiva y oportuna en los casos de violencia contra la mujer. Es por ello la importancia que el Ministerio de la Mujer esté presente ya que la prevención también es importante como el tratamiento que se le brinda ante la conducta delictiva que son objeto algunas mujeres, allí la importancia de la interacción de ambas instituciones y dar el tratamiento adecuado a todas las personas que así lo requieran.
Por su parte la Ministra de la Mujer, Juana Herrera, resaltó la importancia de la firma del convenio marco ante el incremento de casos de violencia contra la mujer en todas sus formas.
El intercambio que se da a través de este convenio es fundamental ante la demanda de la sociedad que requiere prontitud y respuesta ante estos casos. Además de la sensibilización y capacitación de la sociedad en general, como al personal de ambas instituciones.
El convenio plasma el intercambio de experiencia acerca de la situación que viven las personas que acuden a ambas instituciones y que puedan incidir en el mejoramiento de los programas a realizar, tendientes a la disminución y erradicación de la violencia contra la mujer, así como de aquellos destinados a la protección, tratamiento y seguimiento de aquellas mujeres que han sido afectadas por la comisión de conductas de violencia contra la mujer.
