Valiente recordó que, tan solo hace unos años, los directivos de las empresas FCC-MECO, que representan al consorcio, resultaron confesos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del Gobierno para adjudicarse obras estatales.
El sueño de hacer negocios en Panamá se ha convertido en una pesadilla judicial para las empresas Sonama S.A. y Sonama Panamá, con 10 años a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida una demanda por 25 millones de dólares contra el consorcio ICA-MECO-FCC, por el incumplimiento de contrato para el movimiento de tierra con explosivos en el tramo PAC-4 en el Canal de Panamá.
Manuel Valiente, representante legal de ambas subcontratistas, expresó que todo inició cuando transportaron la maquinaria en barco desde España y al llegar a Panamá, el consorcio les notifica que anularían la adjudicación porque uno de los socios (MECO) quería que se le otorgara la mitad de la obra que incluía la remoción de 8 millones de metros de tierra. Sin embargo, escasos meses después MECO abandona el consorcio y los “deja tirados”.
“Nosotros siempre cumplimos con lo contratado, como se manifiesta con las facturas que se producen por los trabajos y donde se ven perfectamente las condiciones que se ajustan a lo contratado. Como cosa curiosa, ellos pretendían que firmáramos un contrato donde dos cosas que ya habían quedado acordadas en cuanto a retenciones y revisiones en los precios del combustible, lo omiten”, indicó.
Manifestó que sus empresas han sufrido un impacto económico negativo, ya que toda la maquinaria (60-70 máquinas muy grandes) que se transportó desde España para ejecutar los trabajos, desde 2012 permanece a la intemperie en La Chorrera sufriendo daños en su estado. Además, no han cobrado por las obras ejecutadas.
El empresario afirmó que “estamos preocupadísimos” con la forma como se manejan los procesos judiciales en Panamá, ya que se percibe un “atraso por influencias” en la demora de la Corte Suprema de Justicia para emitir una decisión final en este proceso.
“Es totalmente conocido que la justicia funciona bien allí en ese país -por desgracia- para los poderosos. Me refiero al poder económico para doblar las voluntades. La justicia que se paga no es justicia y solo beneficia, otorga el premio, a la parte que la ha pagado y comprado. La razón no tiene nada que ver”, denunció.
Valiente recordó que, tan solo hace unos años, los directivos de las empresas FCC-MECO, que representan al consorcio, resultaron confesos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del Gobierno para adjudicarse obras estatales.
Advirtió que existe la posibilidad de que, en caso que la decisión les sea desfavorable, recurrir a un Tribunal de Arbitraje en Estados Unidos y eso no es nada bueno porque serán más años de espera en otro litigio legal.
