En los primeros meses de la gestión, el Ejecutivo impulsó cambios a la Ley de Carrera Administrativa bajo el pretexto de eliminar irregularidades surgidas en el anterior gobierno.
| marzo 11, 2010
(PL) Los despidos de funcionarios de instituciones públicas en Panamá enfrentan hoy los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo, en la que ya figuran múltiples denuncias por acciones de ese tipo del actual gobierno.
El titular de esa dependencia, Ricardo Vargas, manifestó la preocupación por la destititución de empleados de entidades del Estado por razones políticas.
Los ajustes, añadió, se argumentan con la potestad que tienen las autoridades para nombrar, remover y contratar al personal de confianza.
Los datos de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) sitúan en unos 20 mil los afectados por estas medidas bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli.
En los primeros meses de la gestión, el Ejecutivo impulsó cambios a la Ley de Carrera Administrativa bajo el pretexto de eliminar irregularidades surgidas en el anterior gobierno.
Con ello se modificaron los mecanismos que garantizaban la inamovilidad laboral de los empleados públicos, lo cual se reflejó en los despidos.
Una situación similar surgió en la Asamblea Nacional, en la que cambiaron las normativas de la Ley de Carrera Legislativa y ya se concretaron las primeras cesantías de funcionarios administrativos del parlamento.
La Defensoría mencionó a los ministerios de Educación, Gobierno y Justicia, la Alcaldía de Panamá y el Servicio Nacional de Migración como las instituciones que han generado la mayor cantidad de quejas debido a las destituciones.
