También la Defensoría del Pueblo, solicita el nombre y cargo de todos los funcionarios o personal que atendió al menor Zachrisson, el procedimiento y lugar donde le realizaron el mismo y alguna otra información que considere relevante para levantar esta investigación de derechos humanos.

Aunque el fraude financiero o malversación fue por 304 billones de dongs (12.500 millones de dólares o unos 11.500 millones de euros), que representan el 3 por ciento del PIB vietnamita en 2022; los fiscales dictaminaron que los daños totales por la estafa ascendían a 27 mil millones de euros.

Cedeño lamento la muerte del menor e indico que los síntomas empezaron desde el dos de abril parecidos a los del dengue. La madre lo llevó a diferentes instalaciones de salud empezando por el Hospital Rafael Estévez en Coclé.

En esta comunidad residen 13 personas, de las cuales 6 presentaron complicaciones de salud, 5 recibieron atención en una instalación de salud, actualmente dos menores se mantiene recluidas en el Hospital Dr. Luis «Chicho“ Fábrega en la Sala de Pediatría en condición estable.

Actualmente la provincia de Los Santos registra 287 casos de dengue.

A solicitud de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, se decretó detención provisional e imputación por homicidio agravado y posesión Ilícita de arma de fuego, para un hombre que disparó contra manifestantes en Chame, causando la muerte de dos personas. Los hechos ocurrieron la tarde de

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome acciones de protección a la vida y la propiedad de los ciudadanos»

Como Institución Nacional de Derechos Humanos recordamos al gobierno nacional que de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política están instituidos para proteger en su vida, honra, y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren

El dirigente de AMAVE, Humberto Montero, dijo en Radio Panamá que los gremios educativos apoyarán las protestas contra la ley de contrato minero y estarán en las calles hasta que se elimine «Esta ley de muerte aprobada por el gobierno»

La fiscal a cargo de esta investigación, Lourdes Sánchez, expuso ante el Juez de Garantías, que existen muchos riesgos procesales