Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 14 de octubre dejó sin efecto diversos procedimientos y penas aplicadas en acuerdos logrados con varios imputados, dentro de la investigación por corrupción y blanqueo de capitales ligada a la empresa española FCC en Panamá.
| octubre 28, 2020
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 14 de octubre dejó sin efecto diversos procedimientos y penas aplicadas en acuerdos logrados con varios imputados, dentro de la investigación por corrupción y blanqueo de capitales ligada a la empresa española FCC en Panamá.
Fuente: Corte Suprema de Justicia. (Ver documento completo en este link)
Radio Panamá y Sin Filtro tuvieron acceso a la declaración indagatoria rendida por Eugenio Del Barrio, exdirector de FCC para América hasta el año 2011 y para Latinoamérica, hasta el año 2013, y de Julio Casla García Director de la Delegación de Centroamérica de la empresa hasta el 2013.
El 24 y 25 de junio del 2019, en la Embajada de Panamá en España; Eugenio Del Barrio, señaló que en el año 2009 el gobierno panameño tenía deudas atrasadas con FCC, por lo que el ministro de Obras Públicas de turno, que recién asumía el cargo en el nuevo gobierno, recomendó contratar al abogado Mauricio Cort, como conocedor de la legislación de las contrataciones publicas en el Panamá.
Por lo que según aseguró Del Barrio a la fiscalía panameña, se firmó un contrato de asesoría comercial, con la sociedad Arados Del Plata, que sería el supuesto vehículo para encubrir pagos ilícitos de comisiones, tanto para pagar pendientes de gobierno anteriores, como comisiones de nuevos contratos.
Según Del Barrio, la exigencia del abogado Cort, quién aseguraba que las órdenes venían “muy de arriba”, se debía pagar el 10% de comisión de cada pago que se efectuaba y ese monto se incrementaba al costo de la obra, o a través de una adenda. En el documento, Del Barrio afirmó que en Panamá hasta el año 2013, se pagaron un monto cercano a los 40 millones de dólares en comisiones, y estás son las obras que mencionó.
Corredor Vía Brasil. Tramo 1 y 2
El exdirectivo de FCC contó a la fiscalía, que por orden del ministro de Obras Públicas de turno, Odebrecht elaboró el pliego de cargos para los proyectos más grandes en esos años. Ya que las dinámicas de la empresa brasileña, era armar los proyectos, entregárselos a los clientes y obtener contratos aseguró.
Del barrio recalcó que se quería que las empresas más grandes que operaban en Panamá se los ganarán.
Así que el exejecutivo de la empresa española, señaló que en una reunión convocada por Odebrecht, se decidió que la empresa brasileña se encargaría de obras como; la Cinta Costera 3 y la remodelación del Casco Viejo, FCC haría la Vía Brasil 1 y 2, y MECO e ICA se encargarían de la Avenida Domingo Díaz.
Según Del Barrio, a través del abogado Mauricio Cort, se les comunicó que por orden del entonces Ministro de Obras Públicas de turno, al costo de esas obras debía colocarse un 10% de incremento como pago de comisión.
"Si precio real eran 100 millones de dólares, todas las empresas con precios superiores a 120 millones serían descalificadas por onerosas, y por debajo de 80 millones serían descalificadas por riesgosas. La empresa ganadora del reparto debía ofertar 115 millones, para incorporar su precio a las comisiones, por lo que para garantizar el mejor precio dentro de la calificación, se hacía necesario subir el precio de referencia a un importe superior, para que la empresa escogida quedara la más barata dentro del intervalo del 20%"; contó Del Barrio.
Ciudad Hospitalaria
Según Del Barrio la oferta hecha por FCC era la más barata; sin embargo; su adjudicación estaba condicionada a la aceptación de una comisión del 9%. En este caso el exdirectivo de FCC, recalcó que el abogado Mauricio Cort, les afirmó que tendrían ahorros en los costos; ya que la Caja de Seguro Social tendría liquidez y podría asumir el cambio el período de pago de 7 a 3 o 4 años.
El exdirectivo de la empresa española, agregó que en el año 2012, mediante una reunión en la Presidencia de la República, aparece como intermediario Riccardo Francolini, quién les indicó que además de 9% de comisión, debían pagar 12 millones de dólares, para aprobar el cambio en las condiciones de pago.
Linea 1 del Metro de Panamá
El exdirectivo español resaltó que en este caso, por indicaciones del exministro de Obras Públicas de turno, la gestión del contrato fue realizada por Andre Rabello, ejecutivo de la empresa Odebrecht en Panamá, quién no permitió gestión alguna por parte de FCC. Agregó que los intermediarios aseguraron que la obra era prioridad máxima del entonces presidente de turno, y que el proyecto era de la empresa brasileña, en sociedad con FCC, aunque los españoles no podían interceder en el tema.
Hospital Chicho Fábrega
Eugenio del Barrio señaló a la Fiscalía panameña, que en ese momento se habían licitado la construcción de 6 hospitales en el país, de los que 5 de ellos se los había ganado la empresa IBT, y el restante FCC. Afirmó que para poder adjudicarse esta obra, por parte de los intermediarios, se les informó, que tenían que pagar una comisión de 9 millones de dólares, a través de la sociedad Arados del Plata. Según la versión del ciudadano español Del Barrio este proyecto despertaba mucho interés en el entonces Presidente de la República y sus familiares.
Con todos estos datos sobre la mesa; indagatorias, acuerdos de pena, y demás, la Corte Suprema de Justicia vuelve a poner en riesgo la credibilidad del sistema de justicia del país, con un fallo que deja sin validez declaraciones de personas que parecerían tener conocimiento pleno del destino de los fondos públicos, que en medio de
la pandemia, el país necesita.
Por lo que la interrogante aquí planteada es:
¿Será que a los responsables de estos actos ilícitos declarados fuera del territorio se les aplicará alguna pena y no quedarán impunes de su aprovechamiento por ejercer un cargo público?.
