La misma responde a una queja interpuesta contra la Dra. Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco y Administradora del Fondo de Tabaco del MINSA, por supuestas violaciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
La Procuraduría de la Administración admitió una queja administrativa presentada contra la Dra. Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco y administradora del Fondo de Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), y solicitó al titular de esa cartera, Luis Francisco Sucre, que rinda un informe detallado sobre el manejo de los fondos de la lucha contra el tabaquismo.
Así consta en el oficio No. SIQ-075-24 de fecha 23 de abril de 2024, firmado por el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, en el que señala que el abogado del Estado, en función de “vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”, solicitó la presentación de dicho informe en un plazo de 5 días hábiles.
La Procuraduría tomó esta decisión tras recibir una queja administrativa por el supuesto manejo “imprudente” de los recursos asignados al Fondo de Tabaco, pues una serie de solicitudes de información pública revelaron aparentes contradicciones, omisiones o irregularidades por parte de la Dirección General de Salud Pública y la Administradora del Fondo de Tabaco en cuanto a la ejecución de presupuestos del mencionado Fondo.
La queja administrativa por falta de transparencia en la gestión del Fondo de Tabaco fue presentada el pasado 12 de abril por el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, que detalló que la Dra. Roa, como responsable del Fondo, ha infringido los artículos 4, 7, 9 y 25 Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central.
Gastos cuestionados
La solicitud de investigación está fundamentada en una serie de solicitudes de información que, según la Asociación quejosa, evidencian discrepancias por parte de la Dirección General de Salud Pública y reflejan «un grado de imprudencia, negligencia o impericia en el manejo de fondos públicos», en torno a compras supuestamente irregulares del Fondo de Tabaco.
La documentación presentada en la queja muestra que la Dirección General de Salud, en una nota de julio de 2023, afirmó que en 2018 había destinado más de $818.000 a la compra de 20 vehículos tipo pick-up, pero en una nota de agosto de 2023 la misma entidad se retractó y dijo que «la compra no fue efectuada».
Así las cosas, documentos de la Dirección General de Salud reportaron dos destinos distintos para una misma partida presupuestaria. Primero, dijo que el dinero se utilizó para comprar vehículos, pero después se corrigió y dijo que los vehículos no fueron comprados y que esos recursos se utilizaron en cambio para adquirir equipos médicos de diagnóstico de enfermedades asociadas al humo de tabaco, pese a que en el presupuesto de 2018 había una partida específica para ello.
Todo esto eleva las sospechas de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo de que los más de $818.000 en cuestión «pueden muy bien haberse perdido o extraviado, e incurrido por lo tanto la quejada en las violaciones denunciadas», según reza la queja, que también recoge otras aparentes irregularidades en el uso de recursos del Fondo de Tabaco.
Recuerda el documento que el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos establece que el servidor público debe actuar con diligencia y conocimiento en sus responsabilidades, garantizando la confianza pública y evitando acciones que puedan comprometer el interés público, el patrimonio estatal y la reputación de los funcionarios, y se deja de manifiesto que la idoneidad técnica, legal y moral es fundamental para el acceso y ejercicio de la función pública.
Además, los funcionarios públicos deben asegurar el acceso a la información gubernamental, utilizar los recursos públicos de manera transparente y responsable, y proteger los bienes del Estado, evitando su mal uso o desaprovechamiento.
Pendiente de investigación
Los hechos que sustentan la citada queja fueron también objeto de una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue estas supuestas irregularidades en el Fondo de Tabaco. Dicha solicitud fue presentada a finales de 2023 por el exviceministro de Comercio, Eduardo Palacios, tras detectar «graves irregularidades y discrepancias» en los informes de gestión de la Dirección General de Salud Pública.
En diciembre de 2023, el órgano contralor confirmó que auditará el Fondo de Tabaco «una vez concluidas las auditorías previamente programadas y que se encuentran en ejecución, tan pronto haya disponibilidad de recursos». La Contraloría aún no ha informado de posibles avances en la auditoría al Fondo de Tabaco, cuyo manejo de recursos ahora es también objeto de una queja ante la Procuraduría.
