González le pide a Solís que presente las denuncias sobre cualquier irregularidad que haya podido cometer como procurador de la Administración y así evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempleo de nuestro cargo.
| enero 26, 2022
El procurador de la Administración, Rigoberto González, remitió una nueva nota al contralor general, Gerardo Solís, dado a que este último se ha negado a atender las preguntas sobre los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento.
“Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”, escribió González en la nota, enviada este martes.
González le pide a Solís que presente las denuncias sobre cualquier irregularidad que haya podido cometer como procurador de la Administración y así “evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempleo de nuestro cargo”.
Le recordó al contralor que él tiene la función constitucional de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y velar que todos desempeñen “cumplidamente” sus deberes, y una de las funciones privativas de la Contraloría, es la fiscalización, regulación y control del manejo de fondos y bienes públicos.
Desde el año pasado, González ha enviado notas a Solís, para preguntar por la fiscalización de los gastos de movilización que se asignan los representantes y alcaldes del país. El contralor no ha dado respuesta a las preguntas y, en cambio, ha reprendido al procurador. La última vez, Solís le escribió: “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre yo a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas. Por lo que más bien pareciera que usted debe investigar por qué no tiene en la Procuraduría esa información, como es su obligación legal”.
Solís incluso se quejó porque la Procuraduría de la Administración no requirió esa información cuando Federico Humbert fue contralor (2015-2019) y -según él- los gastos de movilización se aumentaron de $3,000 a $5,000, al mes.
González respondió a Solís que no es cierto que la Procuraduría de la Administración haya guardado silencio sobre ese tema. Recordó que incluso envió su opinión a la Corte, el 16 de febrero de 2018, con motivo de una demanda de nulidad que un año antes interpuso Humbert contra el Acuerdo 72 de 30 de diciembre de 2016, del Municipio de Arraiján, que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2017.
González pidió a la Corte declarar la nulidad de dicho acuerdo municipal, por considerar que ese gasto no se ajustaba a las normas de administración presupuestarias, consignadas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Pretender incluir un desglose fijo mensual asignado a un funcionario en particular y en un ‘objeto de gasto’ distinto, pese a que las asignaciones tienen que ser globales, es contrario a la propia descripción de clasificaciones, es decir ‘servicios uno personales”, opinó González en aquella vista del 16 de febrero de 2018, enviada a la Corte, instancia que nunca resolvió el fondo del asunto: en octubre de ese año, declaró sustracción de materia, dado que el acuerdo municipal demandado por Humbert solo tenía vigencia respecto al presupuesto del Municipio de Arraiján, para el año fiscal 2017.
