La Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA), solicitaron al mandatario fortalecer las políticas públicas y las medidas de represión contra el comercio ilícito, que ha registrado cifras sin precedentes.
La Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA), envió una carta al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, en donde solicitan fortalecer las políticas públicas y las medidas de represión contra el comercio ilícito para contrarrestar los elevados índices de contrabando de cigarrillo que reporta Panamá y que están afectando a los países de la región centroamericana.
«El contrabando de cigarrillos afecta negativamente la recaudación de impuestos en nuestros países, incluyendo Panamá, tomando en cuenta de que, aproximadamente 4.3 billones de unidades de cigarrillos ilegales se comercializan en estos países, con estimaciones de pérdidas fiscales agregadas regionalmente de más de 450 millones de dólares anuales», recalcaron al presidente los miembros de la Fecaica, entidad representativa del sector industrial regional.
El impacto regional del contrabando de cigarrillos que ingresa por Panamá está alcanzado cifras récord, de gran repercusión en los distintos países. A nivel de Latinoamérica se estima que cerca de un 50% del volumen de cigarrillos ilegales que se comercializan en los distintos países, son distribuidos desde Panamá. En la región centroamericana, por ejemplo, el ilícito de cigarrillos en Panamá supera el 92% del mercado local, siendo apenas marginal el mercado legal. En Costa Rica, un 53% del mercado, El Salvador 34% y en Guatemala más de un 20%, por citar solo algunos.
Recordaron que así como los fondos productos del contrabando de cigarrillos son lavados a través del sistema financiero panameño, afectando negativamente al país y provocando la inclusión de Panamá en listas negras internacionales, los sistemas financieros de la región también se ven afectados por este el aumento de este delito que reporta cifras sin precedentes en Panamá.
Igualmente, hacen mención a que el crimen organizado es un flagelo de «suprema importancia en la región, que utiliza el tráfico ilegal de cigarrillos para financiar sus operaciones», y tomando en cuenta que estas actividades tienen serias implicaciones para la seguridad nacional, la salud de los ciudadanos y los presupuestos públicos en todo el mundo, se hace necesario que en la estrategia regional de seguridad pública, el contrabando de cigarrillos sea abordado como uno de los pilares principales.
Fecaica enfatizó el rol que tiene la Zona Libre de Colón, que por su posición geográfica ha sido un polo importante para el desarrollo del país, situación que también ha llamado la atención de organizaciones criminales para establecer operaciones en esta Zona y desde allí llevar a cabo la distribución de productos ilícitos de tabaco hacia Centroamérica y República Dominicana.
Reducir el umbral para el delito
Los industriales de la región proponen al presidente que convoque a todos los miembros de su Gabinete de Gobierno que puedan tener injerencia en el tema y que se trabaje para reducir el umbral, y que la actividad ilícita del contrabando sea considerada un delito perseguible por el Ministerio Público, cambiando el monto mínimo de $500.000.00 establecido en la legislación panameña, a uno alineado con el establecido por otros países de nuestra región, donde por ejemplo Costa Rica lo sitúa en $10,000.00, para de esta forma “disuadir que el crimen organizado utilice a Panamá como plataforma”.
Además, los representantes de la Fecaica se ofrecen a ser interlocutores en sus países para abordar el tema de manera regional y lograr un frente común entre las autoridades para la prevención y combate al comercio ilícito de cigarrillos que cada día hace más daño al sector industrial centroamericano y a la sociedad en general.
La solicitud de los industriales de la región se da unos meses antes de que Panamá sea la sede de la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (COP10) y de la Tercera Reunión de las partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de productos de tabaco (MOP3), en donde se espera que los estados firmantes, entre otras cosas, emitan instrumentos jurídicos y declaraciones en conjunto, en contra del comercio ilícito de productos de tabaco.
