El departamento público de Salud de ese país solicitó a la justicia la tutela del lactante, de cuatro meses de vida, quien necesita con urgencia someterse a una operación de corazón.
Ariel Albaez | diciembre 1, 2022
Un bebé de cuatro meses que necesita ser sometido con urgencia a una operación de corazón, está a la espera de la resolución de una batalla legal que enfrenta al Sistema de Salud de Nueva Zelandia con los padres del menor, los que rechazan que su hijo reciba transfusiones de sangre que procedan de personas vacunadas contra el covid-19.
Los progenitores, que reconocen la urgencia de la intervención, se niegan a que el pequeño –quien sufre el estrechamiento de una válvula del corazón– sea operado mientras se utilice plasma de un donante que haya sido inoculado contra el virus, declararon en una entrevista publicada el lunes en un canal de antivacunas.
«No queremos sangre contaminada por la vacunación. Ése es el final del trato. Aceptamos cualquier otra cosa», afirma el padre del menor, sentado en una cama junto a su hijo en el Hospital Ciudad de Auckland.
El organismo público NZ Blood –que coordina las donaciones de sangre y provee de plasma a los hospitales– especifica en su portal de internet que durante la recolección no pide a las personas indicar si están vacunados o no contra el covid-19 y que no existen pruebas de que la sangre de personas vacunadas suponga un riesgo adicional.
El padre del menor asegura que tienen una lista de una veintena de posibles donantes que no se han vacunado y que pueden ayudar a su hijo. Sin embargo, el ente público sostiene que los pacientes no pueden elegir a sus propios donantes.
Ante esta situación, el departamento público de Salud, también conocido como Te Whatu Ora, solicitó a la justicia la tutela del bebé en base a la Ley de Cuidado del Menor, lo que le permitiría proceder a la intervención quirúrgica, informa el diario New Zealand Herald.
Los padres del menor, abogados de ambas partes, cirujanos y representantes de NZ Blood, se reunieron esta semana durante una vista preliminar que terminó sin acuerdo.
El Tribunal Superior de Auckland programó una audiencia para el 6 de diciembre en el caso de que las partes no alcancen un acuerdo previo.
El país oceánico, que aplicó férreas restricciones dentro de sus fronteras para combatir la crisis sanitaria y registra altas tasas de vacunación, cuenta con un numeroso movimiento antivacuna, que entre febrero y marzo de este año llegó a acampar frente al Parlamento hasta que fueron desalojados por la policía.
Información de: EFE y Emol.com
