El ex director general de Juventus, Luciano Moggi, reiteró el jueves su inocencia en el proceso por fraude deportivo por el que fue inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos y aseguró que con esa sentencia el caso no terminó, sino que acaba de empezar.
| julio 27, 2006
El ex director general de Juventus, Luciano Moggi, reiteró el jueves su inocencia en el proceso por fraude deportivo por el que fue inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos y aseguró que con esa sentencia el caso no terminó, sino que acaba de empezar.
Moggi, en una entrevista que publica el diario deportivo «Corriere dello Sport», manifestó que no se siente culpable y que Juventus, que fue descendido a segunda división, «no tiene nada que hacerse perdonar, todos sus dirigentes se han comportado de modo correcto».
El ex directivo aseguró que con la sentencia en segundo grado de la Justicia deportiva, leída el pasado martes, «la historia no ha terminado; por el contrario, apenas ha empezado y yo espero un final muy diferente, verán que no me equivoco».
Dijo sentirse «desilusionado» por el fallo contra Juventus y expresó que continuará con la defensa del club y la suya en «todas las instancias posibles».
La Corte Federativa deportiva italiana decidió esta semana, en apelación, mantener el descenso de Juventus a la Serie B (segunda división), con una penalización de 17 puntos; además, le revocó el título de Liga 2004-2005 y no le asignó el de 2005-2006.
También se castigó al Milan con ocho puntos menos para la próxima temporada, el Lazio recibió una penalización de 11 puntos y la Fiorentina de 19; aunque esos tres clubes permanecerán en la Serie A (primera división).
Sobre las acusaciones que lo señalan como máximo responsable de una red que organizaba las designación de árbitros, Moggi apuntó que son parte de una trama para «perjudicar» a Juventus.
En este sentido, aseguró que para demostrar que el club no recibió favores arbitrales basta comparar el número de penales que se le señalaron con los pitados a los otros «grandes» equipos.
Señaló que para condenar a alguien «se necesitan todas las pruebas» posibles, pero en su caso la Corte Federativa «sólo tomó en cuenta» escuchas telefónicas y no «pruebas objetivas».
