El fiscal general adjunto Roy Urtecho ofreció una conferencia de prensa, donde explicó la situación legal del ex presidente y la orden de captura emitida por los tribunales de justicia.
| julio 2, 2009
La orden de captura en contra de Manuel Zelaya Rosales fue girada a la Policía Internacional, Interpol, según lo confirmó el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, en una rueda de prensa.
El Ministerio Público, MP, acusa a Manuel Zelaya por suponerlo responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, todos relacionados con el proyecto de la encuesta y la cuarta urna.
Por tales hechos, los tribunales de justicia libraron orden de captura contra el ex mandatario, pero su amplitud de ejecución va más allá del campo nacional.
“Está confirmada la orden de captura a nivel internacional. En este caso, la Policía Internacional, Interpol, le dará la captura correspondiente donde se encuentre el ex mandatario José Manuel Zelaya Rosales”, informó el fiscal general adjunto.
La petición la hizo el MP a los tribunales de justicia que accedieron a girar la instrucción a la Interpol. El ex mandatario se encuentra en Panamá, donde el MP espera que se ejecute la captura y donde permanecerá temporalmente, comentó el propio ex presidente Zelaya.
“En cualquier país donde se encuentre, cuando hay una alerta roja, ésta debe ejecutarse”, expresó.
Información
El MP tiene su posición en torno a los cuestionamientos sobre por qué Manuel Zelaya fue detenido y enviado a Costa Rica.
“En este caso particular debemos ser transparentes dentro del marco del derecho. Hay una orden de arresto y se ordenó a las Fuerzas Armadas que se le diera la captura”, explicó.
Al conocerse que Zelaya insistía en un proyecto declarado ilegal por un tribunal competente, las FF AA evitaron un mal mayor al enviar al ex mandatario a otro país porque si lo dejaban en Honduras, inevitablemente se promovería un desorden con irreparables consecuencias.
“Tenemos conocimiento extraoficial de que lo hicieron para evitar derramamiento de sangre”, manifestó. Aseguró que el MP pretendió no crear conmoción en la sociedad. “Se le está brindando a Zelaya toda la protección para que se someta a los órganos jurisdiccionales competentes.
No se le va a violar ningún derecho. él puede presentarse; hay un debido proceso”, dijo. La Corte Suprema y el Juzgado Penal lo juzgarán por las acusaciones.
Las Fuerzas Armadas son los garantes de la Constitución; como Zelaya pretendía derogar ésta, tuvieron que intervenir. “Las Fuerzas Armadas nos dieron un ejemplo al pueblo hondureño al no acatar una orden ilegal, por eso se dispuso que las Fuerzas Armadas cumplieran la captura del ciudadano presidente”, expresó.
El MP advirtió a Zelaya que el proyecto de la encuesta y la cuarta urna eran constitutivos de delitos; se prevenía para que no aconteciera lo que actualmente pasa en el país. Sin embargo, Zelaya hizo caso omiso a las advertencias y a las resoluciones judiciales y las consecuencias son acusaciones en su contra, una sucesión constitucional de la Presidencia, turbas que pretenden crear caos y el pueblo que demanda paz y democracia.
La Fiscalía solicita a la comunidad internacional que escuche la posición veraz de las instituciones democráticas del Estado, que se respeten las decisiones emanadas por las autoridades y por el propio pueblo hondureño. A juicio de Urtecho, la sucesión presidencial está enmarcada en la Constitución de la República.
“Tomaré las palabras del presidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha pedido que se respete la autodeterminación de los pueblos. En este caso particular, que se respete el derecho de Honduras de hacer lo que la Constitución y la ley establecen”, recalcó.
40 millones
El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, conduce investigaciones sobre el despilfarro de recursos por el proyecto de la encuesta y cuarta urna que impulsó el Ejecutivo.
La investigación la inició el ente contralor a petición del Ministerio Público. Se auditan los gastos de publicidad, viáticos y pago de personal, entre otros, informó el presidente del TSC, Renán Sagastume. El ente contralor pidió informes al Ejecutivo y a otras instancias sobre los gastos efectuados. “Lo que hemos detectado en publicidad en términos generales, únicamente en televisión, por la consulta popular excede los 40 millones de lempiras, falta determinar radio, prensa escrita y cine”, dijo.
El TSC dividió la ejecución del gasto antes de que el juzgado declarara ilegal la encuesta y después, en este último caso, ronda los 20 millones de lempiras sólo en televisión por pagos de spot, reveló.
Caso Rixi Moncada
El Ministerio Público interpondrá requerimiento fiscal en contra de la ex gerenta de la Enee, Rixi Moncada, por los 260 mil lempiras encontrados en una habitación que rentó en un hotel de Choluteca. “Vamos a proceder por malversación de caudales públicos que el fiscal de Choluteca presentará en el momento oportuno”, dijo el fiscal adjunto Roy Urtecho.
Se sustenta el expediente con las diligencias investigativas para interponer la acción penal en el momento oportuno por la cantidad de dinero que se le encontró en el hotel.
VIOLACIONES A LA LEY ATRIBUIDAS A zelaya
1. Ordenar a las FF AA el manejo y custodia de las urnas para la encuesta popular.
2. Ordenar a las FF AA la construcción de una terminal aérea civil en Palmerola.
3. Extender por tres años el periodo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA.
4. Creación de la figura del Comisionado Vicepresidente.
5. Engavetar más de ochenta leyes aprobadas en el Congreso.
6. Intentar colocar urnas para la encuesta popular contraviniendo sentencias del Poder Judicial.
7. Bloqueo de las transferencias presupuestarias a la Alcaldía de Tegucigalpa.
8. Transferencia de sólo setecientos millones de lempiras de los cinco mil que les correspondían a las alcaldías nacionales.
9. No enviar en tiempo y forma al Congreso el Presupuesto General de la República.
10. Asignación anual extra del uno por ciento del Presupuesto General de la nación a las FF AA.
11. Calificar de políticas las decisiones del Ministerio Publico y el Poder Judicial.
12. Manifestar que el Congreso Nacional no tiene moral para aprobar la Ley del Plebiscito y Referéndum.
13. Acusar de “Ley mentirosa” la regulación del plebiscito y referéndum aprobada en el Congreso.
14. No transferir fondos al Congreso Nacional.
15. Desobedecer la orden de suspender la propaganda a favor de la cuarta urna.
16. Utilizar fondos del Estado para promover la cuarta urna.
17. Exponer públicamente a una niña contaminada con el virus de la influenza H1N1.
18. Destituir al general Romeo Vásquez Velásquez como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA.
Fuente: Abriendo Brecha
:; El fiscal general adjunto Roy Urtecho ofreció una conferencia de prensa, donde explicó la situación legal del ex presidente y la orden de captura emitida por los tribunales de justicia.
