Demandamos que el gobierno nacional, como responsable de la conducción del Estado panameño, adelante los mayores esfuerzos para iniciar cuanto antes, un acercamiento con los dirigentes de los grupos que actualmente se manifiestan en contra del proyecto minero
Comunicado. En la noche de ayer, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, hizo importantes anuncios sobre temas de vital trascendencia para el país. En principio, se refirió a la exclusión de Panamá de la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su importancia para el desarrollo económico de la nación panameña.
En segundo término, comunicó al país su decisión de dictar un Decreto Ejecutivo mediante el cual se establece una moratoria al otorgamiento de concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional, incluyendo las solicitudes en trámite y las que se presenten en el futuro.
Aún cuando calificamos como positivo este primer paso para atender las reclamaciones ciudadanas y encontrar puntos de encuentro con quienes se oponen al desarrollo de proyectos mineros en el territorio nacional, en nuestra consideración la moratoria establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 23 de 27 de octubre de 2023, no cuenta con la jerarquía jurídica que satisfaga las expectativas de quienes se oponen al otorgamiento de explotaciones minera en nuestro país.
En este sentido, consideramos que la moratoria para el otorgamiento de concesiones mineras debe elevarse a ley de República de Panamá, aprobada por la Asamblea Nacional en el menor término posible.
Como complemento a esta decisión, proponemos que el Organo Ejecutivo designe cuanto antes, una comisión interdisciplinaria conformada por especialistas y técnicos versados en la materia, para que redacte un Código de Mina moderno, actualizado y que responda a los mejores intereses nacionales.
Desde luego esta iniciativa debe ser ampliamente consultada con todos los sectores que participan en las distintas disciplinas propias de la industria minera.
Demandamos que el gobierno nacional, como responsable de la conducción del Estado panameño, adelante los mayores esfuerzos para iniciar cuanto antes, un acercamiento con los dirigentes de los grupos que actualmente se manifiestan en contra del proyecto minero, en procura de encontrar puntos de encuentros para solventar lo antes posible la grave crisis que vive el país.
En esta premura debemos considerar, las graves consecuencias que tendrá para el país la ruptura de los compromisos adquiridos por el Estado panameño, sin que exista un acuerdo concertado entre todos los sectores nacionales, ya sean que se muestren a favor o en contra del proyecto minero.
Hasta entonces, el país quedará a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia con relación a las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 406 de 20 de octubre
