Además de Zelaya, la resolución incluye a los ex ministros Enrique Flores Lanza (Presidencia), Rebeca Patricia Santos (Energía) y César Salgado (Fondo Hondureño de Inversión Social), así como a José Antonio Borjas (ex viceministro de Finanzas).
| julio 24, 2010
(AFP) – Un tribunal hondureño mantuvo las órdenes de captura contra el ex presidente Manuel Zelaya y cuatro ex colaboradores por supuestos delitos comunes, pero aplicó una amnistía para los delitos políticos.
En una resolución dictada el 30 de junio pero que no fue conocida hasta ahora, el juez José Humberto Palacios ordenó "librar a las autoridades correspondientes el respectivo oficio a efecto de dejar sin valor y efecto la orden de captura en relación a dichos imputados (por delitos políticos y conexos), subsistiendo por ende la orden de detención por los demás delitos".
Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009 y cuyo mandato constitucional terminó el 27 de enero de 2010, está acusado de delitos comunes por supuesta corrupción y por delitos políticos por pretender convocar a una consulta popular para decidir la convocatoria a una asamblea constituyente.
El presidente Porfirio Lobo, que asumió el 27 de enero, y que ha promovido el regreso de Zelaya desde su exilio en República Dominicana, ha declarado que el ex gobernante puede regresar a Honduras sin tener problemas con la justicia, lo que quedó desvirtuado con la resolución del juez Palacios, obtenida este viernes por la AFP.
Según las acusaciones, Zelaya pretendía cambiar la constitución para ser reelegido e implantar el socialismo del Siglo XXI que impulsa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
La resolución del Juzgado Penal de Tegucigalpa recuerda en sus "antecedentes" que el 27 de enero de 2010 el Congreso aprobó una amnistía para los delitos de "traición a la patria", "delitos contra la forma de gobierno", "terrorismo" y "sedición", que están tipificados como "delitos políticos".
La amnistía abarca "únicamente los delitos comunes conexos (…) referente a la usurpación de funciones (…), desobediencia y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios", añade.
Sin embargo, dice que "no quedan comprendidas en este decreto todas las acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad de violación de los derechos humanos".
Por estos cargos, el juez mantuvo las órdenes de detención dictadas anteriormente contra Zelaya, tres ex ministros y un ex viceministro.
En la "parte dispositiva", el juez "decreta extinción de la responsabilidad penal por la amnistía (a Zelaya y cuatro colaboradores), a quienes se les ha instruido proceso por suponerlos responsables de haber cometido delitos de abuso de autoridad".
Además de Zelaya, la resolución incluye a los ex ministros Enrique Flores Lanza (Presidencia), Rebeca Patricia Santos (Energía) y César Salgado (Fondo Hondureño de Inversión Social), así como a José Antonio Borjas (ex viceministro de Finanzas).
