Invoca la empresa mexicana el estado de derecho ante el secuestro de parte de su capital después que el gobierno considera que prevalecen “presuntos delitos fiscales” por parte de la empresa
| diciembre 20, 2008
La empresa mexicana ICA que construyó y opera en Panamá una autopista de peaje invocó hoy el estado de derecho ante el secuestro de parte de su capital por diferencias con las autoridades fiscales panameñas.
Según ICA (Ingenieros Civiles Asociados), la medida cautelar ante lo que consideran "presuntos delitos fiscales" que se están dirimiendo en los tribunales panameños, "emite una mala imagen para los inversionistas que han depositado su confianza en Panamá".
Según ICA (Ingenieros Civiles Asociados), la medida cautelar ante lo que consideran "presuntos delitos fiscales" que se están dirimiendo en los tribunales panameños, "emite una mala imagen para los inversionistas que han depositado su confianza en Panamá".
En un comunicado hecho público hoy, la empresa señala que las diferencias parten de "un malentendido" por "el criterio adoptado para el cálculo de la renta gravable" de sus operaciones en el país, donde está afincada desde 1996.
La empresa asegura haber cumplido con sus obligaciones fiscales rigurosamente y considera "innecesaria y excesiva" la medida cautelar en su contra, el secuestro de dos millones de dólares, según versiones de la prensa local que no han corroborado las partes implicadas.
El Ministerio Público panameño confirmó a Efe que el litigio lo instruye la Dirección General de Ingresos, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, como representante del Estado en un caso de jurisdicción coactiva.
La Dirección General de Ingresos, responsable de supervisar las operaciones de ICA como contribuyente, apuntó, por su parte, que la información sobre la empresa, como persona fiscal, está sometida a rigurosa confidencialidad.
En su nota, ICA Panamá recalca que los ingresos recaudados por la operación de la autopista que se conoce como Corredor Sur, que alivia el tráfico hacia el este de la ciudad, "son perfectamente conocidos por las autoridades" panameñas.
En la "confianza" de que se actuará "dentro del marco de seguridad jurídica" que debe imperar en el país, la empresa mexicana asegura que, se apegará a lo que resuelvan autoridades sobre el caso.
El contrato del Estado con la compañía mexicana contempla la entrega de la explotación del Corredor Sur a la administración panameña una vez recuperada la inversión de su construcción, calculada en unos 300 millones de dólares.
