Un incremento en las tarifas podría limitar la entrada de nuevos grandes clientes al sistema y afectar la competitividad de las empresas, ya que esto aumentaría los costos y perjudicaría las operaciones y la producción de bienes.
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) se pronuncia ante la consulta pública N° 007-23 de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), fechada el 10 de julio de 2023, con respecto a la propuesta de los «Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización de las empresas distribuidoras» para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2026.
Indicaron que el proceso de consulta es obligatorio por ley y es esencial informar a la ciudadanía, queremos destacar la importancia de abordar este proceso con un enfoque técnico y comunicativo que garantice la transparencia y asegure la participación de todas las partes involucradas, dándole la debida consideración en cuanto a tiempo y profundidad que el tema y sus consecuencias merecen.
Como gremio, mostraron su preocupación ante la forma en que se ha llevado a cabo esta consulta, ya que no se han proporcionado explicaciones claras sobre las razones que motivan un posible aumento tarifario al sector empresarial e industrial, y el plazo para analizar la propuesta ha sido insuficiente.
Es importante destacar que un incremento en las tarifas podría limitar la entrada de nuevos grandes clientes al sistema y afectar la competitividad de las empresas, ya que esto aumentaría los costos y perjudicaría las operaciones y la producción de bienes. Asimismo, las inversiones realizadas y planeadas en el sector industrial se basan en ciertas reglas del mercado que no deberían cambiar abruptamente.
Hicieron un llamado a las autoridades y a todas las partes interesadas para que extiendan el periodo de consultas, proporcionen más detalles y respuestas.
Es crucial que los procesos relacionados con temas energéticos se realicen con el objetivo principal de buscar los mejores costos y la calidad en el servicio de energía, y que se ajusten a la realidad que atraviesa el país. La colaboración y la consideración adecuada de todas las perspectivas son fundamentales para garantizar un sistema energético sostenible y equitativo que beneficie a la sociedad en su conjunto.
