El gobierno de Ecuador presentó este martes una demanda ante la Corte Constitucional para revocar la amnistía otorgada a indígenas, ambientalistas y políticos procesados por participar en las violentas protestas de 2019, que dejaron once muertos.
"En un Estado de derecho NO puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019", escribió la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, en Twitter.
El gobierno considera que las amnistías otorgadas a 268 personas en marzo pasado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, son inconstitucionales.
Entre los amnistiados figuran 60 personas que enfrentaban procesos judiciales por las protestas de octubre de 2019 contra el entonces mandatario Lenín Moreno (2017-2021), que había aumentado los precios de los combustibles.
Algunos de ellos son Leonidas Iza, líder de la mayor organización indígena (Conaie), así como la gobernadora de la provincia andina de Pichincha -cuya capital es Quito-, Paola Pabón, y otros políticos afines al exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica desde hace cinco años.
Correa y sus partidarios se consideraron perseguidos políticos en el gobierno de Moreno, quien fue su vicepresidente entre 2007 y 2013.
También recibieron amnistía ambientalistas, defensores de territorios comunitarios y administradores de justicia indígena.
Los asambleístas "han tratado de colocar en esta amnistía a personas que han incurrido en delitos que son comunes, que están expresamente excluidos por la Constitución en el otorgamiento" de este beneficio, señaló la cartera de Gobierno en un comunicado.
El Ejecutivo reclama que dentro de las amnistías no fueron incluidos policías y militares que también enfrentan juicios por sus acciones durante esas violentas protestas encabezadas por indígenas, que también dejaron más de 1.300 heridos.
El gobierno "no va a admitir" que "de una forma inconstitucional se otorgue amnistía para delitos, y se otorgue una patente de corso, un salvoconducto para que cualquier persona pueda regresar a la ciudad de Quito a incendiarla, a atacar a sus habitantes", señaló Vela, en declaraciones divulgadas por su ministerio.
La Asamblea y el Ejecutivo sostienen una pugna de poder. Las fuerzas de oposición en el Parlamento, que están dispersas pero tienen la mayoría, han rechazado casi todas las propuestas de ley del gobierno del conservador Guillermo Lasso, que denuncia un "boicot" en su contra.
La Constitución faculta al mandatario a disolver la Asamblea dentro de los tres primeros años de administración por causales como obstruir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. También le permite convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales para completar el período de cuatro años.
El Congreso también puede destituir al presidente por arrogarse funciones o por grave crisis política y conmoción interna.