Denuncian presunta corrupción en la compra de armas para la Policía Nacional


El presupuesto se había destinado para comprar 2 mil armas marca GLOCK, sin embargo, se adquirieron 5 mil armas de otra marca, sin revelar de forma pública el costo de esta transacción.


Noticia Radio Panamá | Denuncian presunta corrupción en la compra de armas para la Policía Nacional

El Ministerio Publico recibió una escandalosa denuncia por supuestas irregularidades en la transacción de una nueva adquisición de armas para la Policía Nacional.

La abogada Ana Lorena Cárdenas interpuso la denuncia el pasado 26 de marzo, acusando por los delitos de corrupción y fraude en los actos de contratación pública la compra que realizó el Consejo de Seguridad Nacional de 5 mil armas para entregarlas a la Policía Nacional.

La denuncia se presenta tras indagar que después de la solicitud de recursos a la Comisión de Presupuesto para la compra de 2 mil armas marca GLOCK, sin embargo, se adquirieron 5 mil armas de otra marca, sin revelar de forma pública el costo de esta transacción.

La abogada Cárdenas ha instado a la Contraloría General de la República, que bajo ningún parámetro se realice el pago y se suspenda la compra inmediata de estas armas. Además, hace un llamado a investigar a fondo este hecho y garantizar que se respeten las normas éticas y legales en cada compra auspiciada por entidades gubernamentales.

Por lo general, las compras de armas que registra el Estado se han realizado con la marca austriaca Glock, indica Cárdenas, pero en esta ocasión se adquirieron armas Smith & Wesson que, según la abogada, no son de buena calidad en comparación con las Glock.

Además, la querellante exige al procurador Javier Caraballo, que se haga un llamado para la requisición de la cotización a los fabricantes de armas solicitados. También pide declaraciones de la comisionada Sheyla Cedeño, Directora Nacional de Armamento, para explicar el cambio en la compra. Asimismo, exige que la denuncia sea dirigida hacia Fernando Quiel, miembro del Ministerio de Seguridad Pública, a quien supuestamente se le encargó la compra.

Este caso abre un paréntesis en materia de legalidad y transparencia sobre los procesos que se ejercen al momento de la compra y adquisición de armamento por los estamentos de seguridad.

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