La jefa del Ministerio Público señaló que en los últimos años Panamá ha realizado avances para el combate a ese flagelo a través de la adecuación de normas como el código penal.
| mayo 22, 2009
La lesión patrimonial en Panamá por peculado asciende a 8.5 millones de dólares desde 2008, reveló hoy la procuradora general Ana Gómez, en un foro sobre la aplicación de las convenciones internacionales contra la corrupción.
Gómez indicó que los costos sociales y económicos de la corrupción son altos por lo que este fenómeno debe combatirse.
La jefa del Ministerio Público señaló que en los últimos años Panamá ha realizado avances para el combate a ese flagelo a través de la adecuación de normas como el código penal, el cual incluyó el año pasado tipificaciones de varios delitos relacionados.
Acotó que entre las fragilidades para combatir la corrupción figuran la falta de mecanismos para fiscalizar las donaciones a las campañas políticas, situación que impidió profundizar en denuncias al respecto en lo días previos a las elecciones generales del 3 de mayo.
La jefa de fiscales hizo su exposición en un foro convocado por la Secretaría del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, sobre la implementación de las convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción.
El seminario coincidió con la presencia en la capital panameña de una misión de la ONU como parte de la evaluación voluntaria sobre el estado de la implementación del país de los acuerdos internacionales para combatir la corrupción.
La alemana Dorothee Gottwald, de la oficina de la ONU encargada del tratado anticorrupción, señaló que expertos de Bolivia y Finlandia, con el apoyo de Panamá, elaboran el informe como parte de un plan piloto que incluye a 29 países.
La intención es presentar los reportes nacionales en la tercera conferencia de la convención contra la corrupción prevista para noviembre próximo en Qatar.
El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción ha elaborado una propuesta de plan de acción, el cual incorpora algunas medidas a ser adoptadas con el fin de cumplir las convenciones anticorrupción.
Las sugerencias incluyen reformas a la Constitución para modificar la figura de servidor público, reducir los fueros y privilegios para funcionarios, ser más estrictos en la designación de los magistrados de la Corte Suprema.
