La Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, mediante sentencia N°. 3 de 28 de junio de 2024, absolvió a las personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales
La Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, mediante sentencia N°. 3 de 28 de junio de 2024, absolvió a las personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados “Panama Papers” y “Lava Jato”, seguido a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, así como a ciudadanos de nacionalidad alemana.
En este proceso penal se encontraban acusadas 31 personas por el caso de Lava Jato y 28 personas por el caso de Panamá Papers.
En la sentencia absolutoria, la juzgadora también decretó la extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso. Asimismo, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados.
Además, la jueza resolvió ocho incidencias y solicitudes presentadas en el caso de “Panama Papers”, e impuso multa por la suma de B/.100.00 (cien balboas) a diez testigos que no cumplieron con las citaciones judiciales.
En el caso de Lava Jato, no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente.
En cuanto a Panama Papers, la juzgadora pudo determinar que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, contentivas de evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores “hash” que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad.
Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina.
El proceso acumulado consta de ochocientos treinta y siete (837) tomos y más de cuatro ciento veintisiete mil páginas (427,000) páginas, y tiene sus orígenes entre los años 2014 y 2016.
