Un alarmante 40% de los niños de 5 años no asisten a la escuela, a pesar de que la educación es obligatoria a esa edad, revelando una brecha alarmante en el acceso educativo.
Según los datos más recientes del censo de población y vivienda, Panamá alberga a 1.232.585 niños, niñas y adolescentes, quienes conllevan derechos y necesidades de protección que el Estado debe garantizar, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Aunque la educación primaria se presenta casi de forma universal y se ha mejorado el acceso a agua potable y saneamiento, que ahora benefician al 70% y 80% de los menores, respectivamente, siguen existiendo retos significativos.
Un alarmante 40% de los niños de 5 años no asisten a la escuela, a pesar de que la educación es obligatoria a esa edad, revelando una brecha alarmante en el acceso educativo. Asimismo, se reporta que 6.011 adolescentes entre 15 y 17 años están o estuvieron involucrados en uniones tempranas, y 24.636 menores carecen de un certificado de nacimiento, lo que puede limitar su acceso a otros derechos fundamentales.
Durante el lanzamiento de los resultados del XII Censo de Población y VIII de Vivienda en 2023, Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), subrayó la importancia de estos datos como un recurso esencial para el diseño de políticas que impulsen el desarrollo social, especialmente en la infancia. En el evento, también se discutieron las prioridades e inversiones necesarias para mejorar la situación de los derechos de la niñez, con la presencia de la Diputada Paulette Thomas y la Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.
Carles enfatizó la urgencia de avanzar en el pleno ejercicio de los derechos de los niños: «No hay excusa para que los niños sean dejados atrás,» afirmó.
Por su parte, Sandie Blanchet, representante de UNICEF, destacó que, aunque Panamá cuenta con un marco legal robusto, como la Ley 285 de 2022 que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, es crucial que estas leyes se traduzcan en acciones concretas que beneficien a los grupos más vulnerables. La implementación efectiva de estos marcos legales será determinante para enfrentar los desafíos persistentes en el país.
