Ministro Paredes prometió que solicitará a diputados crédito extraordinario para cancelar la deuda que se tiene con las constructoras de viviendas de interés social
Luego de una reunión entre las Promotoras que construyen Casas de Interés Social y el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes, lo quedó sobre la mesa fue una promesa: se solicitará a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un crédito extraordinario para cancelar la deuda de B/140 millones (ciento cuarenta millones de balboas) que se tiene con estas empresas.
Sin embargo, los dueños de constructoras no se conforman con esta reiterada palabra del ministro. Diosa Cedeño, propietaria de una promotora en Azuero, señaló que acudirán junto con el titular de Vivienda a la Comisión de Presupuesto, “y ahí estaremos todos, porque ellos deben entender lo delicado del asunto”.
La deuda que se tiene con las Promotoras corresponde al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), que no se ha entregado a los constructores desde 2022, aun cuando ya se entregaron las residencias a por lo menos 16 mil familias de escasos recursos que fueron seleccionadas por las autoridades.
El FSV consiste en un bono de B/10,000 (diez mil balboas) que el gobierno entrega como ayuda a familias para que obtengan una vivienda digna. Este dinero se desembolsa a las promotoras que constuyen las casas.
En agosto de 2023 el MIVIOT también prometió pagar, pero al llegar octubre del mismo año no se había desembolsado el dinero. Esto provocó que empresarios, promotores, obreros y proveedores de las construcciones de viviendas de interés social de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Chiriquí cerraran los cuatro paños de la vía interamericana a la altura de Divisa. Ahora se han sumado promotoras de la capital.
Los empresarios aseguran que al día de hoy la deuda asciende a B/140 millones. El Viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista González, indica que en el MIVIOT aparecen B/110 millones en cuentas por pagar, y B/30 millones de expedientes en trámite.
La realidad es que si no se paga la deuda, peligra el empleo de al menos 5,250 (cinco mil doscientos cincuenta) obreros destinados a las construcción de 16 mil viviendas de interés social entre 2024 y 2025, situación que se hace más delicada si se suma la afectación a 7,500 personas vinculadas a proveedores de materiales, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público. Lo más delicado es el perjuicio a las familias que en el futuro no podrán gozar de su primer hogar o vivienda digna.
