S&P mantiene su calificación de riesgo para Panamá en “BBB” pero revisa la perspectiva a “Negativa”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), resaltó que a pesar de que la calificadora S&P mantuvo el grado de inversión para Panamá en el mes de agosto y subió su perspectiva a estable, las recientes protestas contra un contrato minero han resultado en una moratoria sobre nuevas concesiones mineras y han creado incertidumbre sobre el destino del contrato y la actividad minera en el país.
Esta incertidumbre representa riesgos a las proyecciones favorables de PIB y podría afectar negativamente la resiliencia económica. Por ende, S&P mantiene su calificación de riesgo para Panamá en “BBB” pero revisa la perspectiva a “Negativa”.
De acuerdo con S&P, la perspectiva negativa refleja el riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas, derivado de la actual disputa por el contrato con Minera Panamá, quien opera un gran proyecto minero de cobre. Fuerte oposición política al contrato gubernamental con Minera Panamá ha generado incertidumbre sobre el destino del proyecto. También ha dado lugar a una reciente moratoria sobre nuevos proyectos mineros. Esta evolución podría debilitar la inversión privada y obstaculizar las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país, situación que llevaría al país a una degradación de la calificación en los próximos 12 meses.
S&P aún espera un crecimiento económico promedio de 4.4% en los próximos años, mayor al de los países comparables, gracias a una economía diversificada y una buena cartera de proyectos de los sectores público y privado. Factores como su posición geográfica como centro logístico y las posibles oportunidades de “nearshoring” apoyan este crecimiento. S&P resalta la relación con Estados Unidos como parte del programa “CHIPS” para explorar la posibilidad de expandir el sector de fabricación de semiconductores.
Las proyecciones de S&P incorporan el riesgo de disminución de ingresos al Estado debido a una posible cancelación del contrato con Minera Panamá, en adición a la posible reducción de los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá debido al impacto que la seguía pueda tener en sus ingresos.
