La Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) reitera el peligro que representa el proyecto de ley 986 para los derechos de los usuarios del transporte.
La Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) reitera lo incongruente y peligroso que representa para todos los consumidores del país, que la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional pretenda que las concesionarias se apoderen de las plataformas digitales.
«El proyecto de ley 986, que establece el marco regulatorio para el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación, en el servicio de taxi de lujo, no busca proteger los derechos de los usuarios, ni de los conductores de las plataformas, ni de los propios taxistas. Lo único que hace es favorecer a las llamadas concesionarias del transporte», sostuvo Raúl Molina, presidente de la ACL.
Molina destacó que, con este proyecto que se discute sin la participación de los usuarios, la Asamblea Nacional quiere que el país retroceda 30 años y que las plataformas digitales dejen de ser un servicio privado para convertirlo en un mal servicio público que tenía secuestrado a los usuarios hasta que llegaron las plataformas digitales, que ya operan en miles de mercados, como una opción privada y legal a la que tenemos derecho todos los usuarios.
El presidente de ACL enfatizó en que nos oponemos al clientelismo político de los cupos donde solo ganan los dueños de las concesionarias. «No son suficientes los más de 85 mil cupos que controlan a nivel nacional y ahora pretenden hacer negocios obligando a los conductores de las plataformas digitales a comprar un cupo y afiliarse a un sistema corrupto y obsoleto», cuestionó Molina.
Desaparecerá el servicio eficiente y más seguro
Molina advirtió que, hoy día, las concesionarias no exigen cambio o renovación de vehículos, pero a través de este proyecto pretenden exigirlo a quienes brinden el servicio de plataformas, lo cual es una evidente y mal intencionada barrera de entrada para la prestación del servicio de plataformas, lo que provocaría que todos los usuarios vamos a perder un servicio eficiente y más seguro.
«Como siempre, los usuarios estamos solos en esta batalla, la Asamblea está sesionando a nuestras espaldas, sin tomar en cuenta nuestra opinión, ni la del propio Ejecutivo, que a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte pidió que este proyecto se envié a una Subcomisión Técnica para analizar este tema», se lamentó el defensor de los derechos de los consumidores.
Molina insistió en que, esta ley solo tiene un beneficiario: las concesionarias que son las mismas que lucran y tienen secuestrado el servicio de taxi que no se ha modernizado y que ahora quieren hacer con las plataformas digitales: meterse para corromper el sistema, llenarse los bolsillos, sin importarle el usuario.
«Los usuarios tenemos derecho a elegir libremente el medio con el que preferimos movernos, ya ganamos la batalla en la Corte Suprema de Justicia para reivindicar este derecho y no lo vamos a perder frente a un proyecto de ley que no tiene ni pies, ni cabeza, que solo confirma que los diputados no están para legislar en beneficio de los usuarios, sino para beneficio de oscuros intereses de dueños de piqueras concesionarias», puntualizó Molina.
