El tribunal estimó en su fallo condenatorio n.° 46 del 10 de marzo de 2023, que ambos exfuncionarios, ante su falta de cuidado e incumplimiento de los deberes como directores en su momento, permitieron que ocurriera un perjuicio económico al Estado por la suma de B/. 10,871,857.48, en virtud de la compra de un equipo de seguridad altamente sensitivo
A diez años de prisión (120 meses) condenados el exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli y el exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por el delito de peculado.
Según el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, los declaró penalmente responsables y los condenó la pena de 120 meses de prisión, como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Fondo de Inversión Social (FIS), actualmente denominada Dirección de Asistencia Social (DAS).
El tribunal estimó en su fallo condenatorio n.° 46 del 10 de marzo de 2023, que ambos exfuncionarios, ante su falta de cuidado e incumplimiento de los deberes como directores en su momento, permitieron que ocurriera un perjuicio económico al Estado por la suma de B/. 10,871,857.48, en virtud de la compra de un equipo de seguridad altamente sensitivo, de conformidad con la auditoría efectuada por la Contraloría General de la Nación.
En el fallo condenatorio se revela que, tendientes a las circunstancias de modo tiempo y lugar, los exdirectores en su momento tenían bajo su cargo y responsabilidad la administración del equipo tecnológico adquirido mediante contrato. “Se evidencia la intención dolosa de los sindicados, toda vez que ejecutaron acciones tendientes a la adquisición de un equipo cuya necesidad es cuestionable, valiéndose de los recursos del Estado asignados a una entidad que debe destinar dichos recursos a actividades meramente sociales en pro de los más necesitados”, recalca la sentencia.
En ese sentido, ante los hechos declarados probados que acreditaron la responsabilidad penal de ambos acusados, este tribunal también aplicó a los sentenciados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, que correrá una vez cumplan la pena principal de prisión.
Este caso guarda relación con una denuncia interpuesta el 2 de diciembre de 2014, en la cual se puso en conocimiento público presuntas irregularidades que se suscitaban dentro del extinto Fondo de Inversión Social.
