A través de un comunicado, estas organizaciones señalan que el Órgano Ejecutivo desatiende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato anterior de Minera Panamá.
| enero 19, 2022
Organizaciones ambientales, científicas, movimientos sociales, gremiales, de derechos humanos y de base comunitaria rechazan el anuncio de un nuevo contrato entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá (antes Minera Petaquilla).
"Con este acto el Gobierno Nacional elude nuevamente la celebración de una licitación pública y traiciona su responsabilidad con los panameños y nuestras riquezas naturales", reiteran.
A través de un comunicado, estas organizaciones señalan que el Órgano Ejecutivo desatiende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato anterior de Minera Panamá, demostrando una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la Ley, y de los derechos fundamentales que estas consagran. Al evadir la licitación pública y la competencia de los oferentes no se garantizan los máximos beneficios para el Estado panameño.
Añaden que durante la irregular negociación, a cargo de una comisión de “alto nivel que jamás fue constituida legalmente, el Gobierno anunció avances minúsculos en temas ambientales y laborales que en suma solo obligan a la empresa a cumplir compromisos previamente adquiridos o normas vigentes aplicables a todos los actores económicos del país".
"Según se ha anunciado, el nuevo contrato debe suponer para el Estado panameño 10 veces los aportes anuales promedios alcanzados hasta la fecha; sin embargo, solo el cobro de la evasión anual del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, según los montos estimados por la Dirección General de Ingresos, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la minera hasta el momento. El nuevo contrato continúa desconociendo por completo la inmensa riqueza natural y cultural que se sigue destruyendo en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad en toda la región, donde acumula 295 incidentes ambientales en los últimos tres años según los propios reportes de la empresa. La negociación desconoce también la voluntad de los panameños, que rechazamos la minería metálica a cielo abierto y no deseamos empeñar nuestros ríos y bosques", reza parte del escrito.
Los gremios ambientalistas precisaron que a cambio del aumento de regalías, la empresa ha solicitado protecciones necesarias para garantizar su operación, en una clara alusión a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Centro de Incidencia Ambiental en 2008. "Denunciamos esta solicitud como un intento de obstruir el acceso a la justicia de la ciudadanía en búsqueda de la protección de la Constitución y la Ley", afirmaron.
"Corresponde hacer un llamado a los diputados, sobre los cuales recaerá ahora la responsabilidad, enfatizada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de escrutar el contrato para determinar si está o no conforme a la regulación legal relacionada, todavía más exigente, dado los riesgos que supone la actividad minera y los derechos e intereses en juego", apuntan las diversas organizaciones.
A consideración de estos grupos, la continuidad de Minera Panamá es también un precedente grave y preocupante de cara a la amenaza de múltiples proyectos de minería metálica en todo el país. Tal es el caso de una nueva concesión de 10,000 hectáreas en los distritos de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso, ignorando rampantemente quejas de los lugareños sobre la inexistencia de la consulta; y la prórroga ilegal de los contratos de concesión del proyecto Cerro Quema en Azuero, sin Estudio de Impacto Ambiental aprobado, cuyas operaciones causarían gran daño a las vulnerables fuentes hídricas azuerenses.
"El camino a la recuperación económica del país, una que nos lleve al desarrollo justo y equitativo que jamás hemos tenido y que genere puestos de trabajo decentes, requiere ineludiblemente la conservación del ambiente. Es hora de que el gobierno honre sus compromisos internacionales, incluyendo aquellos relacionados con biodiversidad y la acción climática, y que opte por proyectos económicos realmente sostenibles, como la inversión en infraestructura pública baja en emisiones, el desarrollo agropecuario con soberanía y seguridad alimentaria, el turismo ecológico, las nuevas energías renovables, entre otros", remarca el comunicado.
Panamá es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Esta diversidad, diariamente y en forma sustentable, produce una gran gama de servicios y bienes ambientales que benefician a millones, incluyendo producción de agua segura y de riego y generación de energía eléctrica, purificación del aire, polinización, producción de leña, medicinas naturales y madera, alimentos, y estabilidad climática. El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que ha seguido sumando miembros de todo el país desde su formalización en agosto de 2021, apuesta por mantener estos bienes y servicios, así como la calidad de vida que traen a las presentes y futuras generaciones.
Al concluir el escrito, los gremios invitaron a todos los actores sociales a exigir la misma apuesta al Gobierno Nacional, comenzando por la aprobación de la moratoria a la minería metálica comprometida en el Pacto Bicentenario, así se cumplirá finalmente el deber constitucional del Estado y todos los habitantes de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
Dicho comunicado fue confeccionado y avalado por unas 35 organizaciones que conforman el Movimiento Panamá vale más sin Minería, quienes velan por la biodiversidad y la protección del medio ambiente.
