La actuación del juez que ordenó interrogar al expresidente por el ‘caso Petrobras’ suscita críticas
| marzo 6, 2016
Un día después de que Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político y predecesor, fuera obligado a declarar por el escándalo de corrupción en Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff hizo un gesto esperado por la militancia del Partido de los Trabajadores (PT). Dejó Brasilia este sábado para visitar a Lula en su piso, situado en el municipio de São Bernardo do Campo (en el área metropolitana de São Paulo). La decisión del juez que investiga el caso ha suscitado dudas jurídicas.
Rousseff, sonriente como hacía mucho que no se la veía, se asomó a la terraza junto a Lula y su esposa, Marisa Leticia, para saludar a los simpatizantes que aguardaban en la calle desde por la mañana. Los militantes respondían al llamamiento del propio expresidente, que prometió reaccionar a las denuncias de la Fiscalía con movilizaciones de la calle.
Momentos antes de la llegada de Rousseff, Lula había bajado a la calle para darse un baño de masas con sus partidarios, al igual que hizo el viernes al dirigirse a miles de simpatizantes en el centro de São Paulo tras declarar durante tres horas. El expresidente se declara inocente de las acusaciones de haberse beneficiado de la red corrupta que vació la empresa estatal Petrobras. La presidenta Rousseff también compareció el viernes en Brasilia, rodeada de 11 ministros, para expresar su “más absoluto desacuerdo” con el interrogatorio a Lula. Su declaración, sin embargo, despertó recelos entre los seguidores del exmandatario, que consideraron que Rousseff se centró más en defenderse ella misma del último de los escándalos que la acechan. La visita de ayer diluye, de alguna manera, esas críticas.
Rousseff también afronta una situación difícil y considera prioritario detener cualquier avance que pueda reforzar la petición de destitución que impulsa la oposición. La presidenta, además, se ha visto afectada por la operación Lava Jato, ya que un senador del PT, detenido por intentar boicotear las investigaciones, afirmó en una declaración que aún no ha sido formalizada ante la Justicia, que Rousseff estaba supuestamente al tanto de la trama.
Mientras, la decisión adoptada por el juez de la operación Lava Jato, Sergio Moro, ha suscitado dudas legales, informa Rodolfo Borges. “El investigado no tiene la obligación de declarar. Este procedimiento fue absolutamente irregular, inconstitucional”, sostiene sobre el interrogatorio al expresidente Thiago Bottino, profesor de Derecho Penal de la escuela FGV en Río de Janeiro.
En una entrevista en la BBC Brasil, el exministro de Justicia José Gregori, que ocupó el cargo en la etapa final del Gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, dijo que no conocía “la figura de la conducción coercitiva sin que haya habido antes una convocatoria”, en referencia al traslado para declarar de Lula tras el registro de su vivienda. Para Walter Maierovitch, exsecretario nacional Antidrogas, que también sirvió durante el Gobierno de Cardoso, la conducción coercitiva de Lula fue “ilegal, sorprendente y preocupante”.
El juez Moro defendió este sábado su actuación y aseguró que la obligación de declarar con escolta de la policía era una medida para “proteger” a Lula
