Dirigentes indígenas denuncian chantajes con programas de asistencia social, mientras el Mides desmiente dichas aseveraciones
| julio 27, 2015
Luego de los disturbios del pasado fin de semana, acaecidos en la Provincia de Chiriquí producto de las manifestaciones indígenas contra la Hidroeléctrica de Barro Blanco, y que llevo a una ruptura temporal de la mesa de diálogo, los voceros del gobierno insisten en poder lograr un acuerdo entre las partes.
Manuel Domínguez Secretario de Comunicación del Estado recalcó en Radio Panamá, dicha disposición, aunque de antemano dijo que no permitirán presiones de ninguna agrupación indígena para condicionar acuerdos.
Domínguez además sostuvo que la propuesta de demoler la presa, no está en discusión.
Y es que a medida que avanza el tiempo, los posibles acuerdos parecen alejarse cada vez más. Dicha idea se desprende de las recientes declaraciones de Toribio García presidente del Congreso Regional Ngäbe Bugle, quien señaló que la represión de que fue objeto el pueblo indígena, estanca aún más el dialogo.
Por si fuera poco, Ricardo Miranda del Movimiento 10 de abril (M-10) denuncio que los programas de asistencia social del Mides, están siendo utilizados para chantajear a dirigentes comarcales para que no sigan oponiéndose al proyecto hidroeléctrico.
Las aseveraciones del dirigente del M- 10 llevaron a que el titular de la cartera de Desarrollo Social Alcibiades Vásquez saliera a desmentir la situación, al tiempo que calificó de “argumentos irresponsables”.
Aunado a esto, los dirigentes indígenas advirtieron con denunciar al Presidente Juan Carlos Varela ante la Nunciatura Apostólica por violaciones a los derechos humanos, mediante una carta que según dijeron esperan llegue a manos del Papa Francisco en el Vaticano.
