El gobierno de Martinelli, que se inició el pasado 1 de julio con el respaldo de cuatro partidos derechistas, empezó esta semana a dar forma a sus principales compromisos a impulsar en los primeros meses, como otorgar 100 dólares al mes a personas mayores de 70 años.
| julio 10, 2009
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, adoptó sus primeras medidas para cumplir promesas de campaña, mientras surgen tímidas señales opositoras y las primeras fricciones con empresarios.
El gobierno de Martinelli, que se inició el pasado 1 de julio con el respaldo de cuatro partidos derechistas, empezó esta semana a dar forma a sus principales compromisos a impulsar en los primeros meses, como otorgar 100 dólares al mes a personas mayores de 70 años.
Además, ya está en marcha la instalación de las Secretarías de la Cadena de Frío, para reducir el costo de la canasta básica, y la entidad encargada de diseñar e impulsar la construcción del sistema transporte público Metro.
Entre las medidas para ser cumplidas en los próximos meses figura el incremento en 100 dólares para los oficiales de la Policía Nacional (alrededor de 25 por ciento), además de otras disposiciones encaminadas a cambiar la estructura de varias entidades estatales.
Martinelli, exitoso empresario dueño de supermercados, en conjunto con su gabinete, también ordenó esta semana una moratoria en el pago de impuestos vencidos y modificó partidas arancelarias para abaratar la importación de alimentos.
Pero la medida más mediática de Martinelli se registró cuando, apoyado por elementos policiales y acompañado de un grupo de periodistas, "se tomó" unos rellenos marinos, construidos de manera ilegal, según el gobierno, y los convirtió en propiedad estatal.
La "ocupación" del terreno del empresario Jean Figali fue el clímax de una serie de disposiciones de Martinelli para reducir privilegios a varios concesionarios o al menos recobrar el contenido de los contratos originales con el Estado.
Martinelli dio 30 días de plazo a quienes operan negocios en Amador -una ex base militar estadunidense convertida ahora en una zona turística- paguen sus deudas por arrendamiento, de casi 30 millones de dólares, la mitad de ellos de Figali.
Figali, a través de uno de sus representantes, apeló a la seguridad jurídica, y consideró ilegal la "toma" de su propiedad al considerar que la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de emitir varios pronunciamientos.
En la mira de Martinelli también están las empresas mexicanas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Proyectos y Construcciones Sociedad Anónima (Pycsa), a las cuales, el gobierno hará una auditoría a sus ganancias.
La intención del gobierno es determinar cuánto han ganado las compañías por operar los llamados Corredor Norte y Sur y cuánto faltaría para que recuperen su inversión.
Aunque ambas empresas mexicanas han manifestado estar dispuestas a someterse a la auditoría, en el caso de Pycsa, su gerente Máximo Hadad, dijo que en caso de que el Corredor Norte sea estatizado pedirán una indemnización de mil 500 millones de dólares.
Hasta ahora, el mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), desplazado del poder por la alianza derechista encabezada por Martinelli, ha mantenido un bajo perfil ante las acciones del nuevo mandatario.
El Partido Alternativa Popular (PAP), sin registro, catalogó de publicitarias las medidas de Martinelli, y avizoró "nuevos conflictos sociales a mediano plazo" protagonizadas por organizaciones que adversan el proyecto del nuevo presidente.
El pequeño colectivo logró antes de las elecciones del 3 de mayo que la Corte Suprema abriera la posibilidad en los próximos comicios para la libre postulación de candidatos presidenciales.
