Tras la aprobación de la ley que establece las zonas de exclusión de la pesca del atún con redes de cerco en el Pacífico panameño, varias asociaciones de ecologistas exigieron este martes a las autoridades su estricto cumplimiento.
| abril 14, 2009
Tras la aprobación de la ley que establece las zonas de exclusión de la pesca del atún con redes de cerco en el Pacífico panameño, varias asociaciones de ecologistas exigieron este martes a las autoridades su estricto cumplimiento.
Más de 40 grupos ambientalistas panameños e internacionales le habían pedido en una carta al mandatario panameño, Martín Torrijos, en enero que prohibiera el uso de redes de cerco para la pesca del atún en los alrededores del Parque Nacional de Coiba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005.
La nueva ley, publicada el lunes en la Gaceta Oficial, pone fin a ocho meses de incertidumbre, tras la aprobación por el Congreso de una ley de comercio marítimo que eliminaba otra que prohibía el uso de las redes de cerco en la isla de Coiba, que alberga al parque, en el Pacífico panameño.
El propio presidente de Panamá, Martín Torrijos, atribuyó a "un descuido" haberla sancionado sin esa disposición.
Las redes de cerco son unas mallas enormes que, mediante flotadores, se lanzan al mar para rodear cardúmenes. Luego un mecanismo cierra la parte inferior de la red, atrapando todo lo que hay en su interior.
Para Leslie Marín, responsable del Programa Marino-Costero del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), esta nueva ley "percibe que las áreas de reproducción se mantengan intactas para poder satisfacer no solamente las necesidades presentes sino las necesidades futuras" y negó que lo que se quiera es prohibir la pesca.
Ahora, los ambientalistas esperan que se termine de reglamentar la ley y que las autoridades obliguen a su cumplimiento, aunque la práctica demuestra que eso no resulta fácil.
Los ambientalistas pidieron también que se cumpla la ley que obliga a las embarcaciones industriales de pesca que operan en Panamá a llevar un sistema de monitoreo satelital para que las autoridades puedan saber si los barcos violan las zonas de protección.
En Panamá, según datos oficiales, la actividad pesquera creció el último año un 13,4% para un PIB en 2008 superior a los 23.000 millones de dólares.
