Gobierno panameño con facultades especiales hasta el 31 de agosto

(Panamá).- El gobierno de Panamá, con facultades especiales para legislar hasta el 31 de agosto, entró hoy a su tercera semana de consultas sobre nuevas entidades de seguridad. 

Esto ocurre en medio del rechazo de organizaciones civiles y de algunos funcionarios a la formación de esas nuevas instituciones para combatir el crimen, en especial el narcotráfico. 

El ministro de gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, se reunió esta semana con clubes cívicos y su despacho abrió una oficina para recibir propuestas de la población para mejorar las iniciativas. 

Al mismo tiempo, organizaciones civiles civil también están activas contra las propuestas del gobierno sobre seguridad, por temor a un posible retorno al militarismo y violación de garantías individuales. 

Ante la insistencia de los grupos opuestos a las reformas, Delgado Diamante dijo que la intención de las legislaciones es fortalecer la capacidad de respuesta institucional para combatir el crimen organizado. 

“Nunca se ha pensado remilitarizar el país”, recalcó el funcionario en respuesta a quienes se oponen a las propuestas, y señaló que lo que se desea es enfrentar directamente es al narcotráfico. 

Las iniciativas impulsadas por Torrijos crean el Servicio Aéreo Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y la Defensa Nacional. 

Además, modifican legislaciones con el fin de permitir el nombramiento de oficiales en la dirección del Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Policía Nacional (PN, civil). 

El Consejo de Gabinete ya aprobó en el primero de tres debates los proyectos citados, aunque para su ratificación, el gobierno sólo dispone hasta el 31 de agosto. 

“A algunos no les importa la seguridad ciudadana, sino politizar la temática de seguridad”, dijo Delgado Diamante en torno a las críticas a las iniciativas. 

Al rechazo se unió el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), que realizará mañana jueves una marcha entre cuyas consignas está su oposición a las leyes de seguridad. 

Pero además del rechazo planteado por organizaciones civiles, también algunos funcionarios, entre ellos la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia, Alma Montenegro y el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, expresan divergencias. Uno de los puntos más cuestionados es el relacionado con la creación de un cuerpo de inteligencia.
 
Vargas manifestó su preocupación porque la propuesta clasifica la información como de carácter secreto, reservado y confidencial, en “clara contradicción” a la Ley de Transparencia.