PANAMÁ. Los funcionarios de la Policía Nacional (PN) y de la Policía Técnica Judicial (PTJ) aprehendidos en las últimas horas asciende a 27 agentes, por sus supuestos nexos con la red narco recientemente desmantelada por las autoridades.
| noviembre 30, 2007
El fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, y los directores de la PN y la PTJ, Rolando Mirones y José Ayú Prado, respectivamente, informaron que todos estos funcionarios fueron conducidos al despacho de instrucción para que rindan indagatoria, en declaraciones dadas en Chiriquí y Panamá.
Los funcionarios dijeron que los aprehendidos iniciaron a rendir declaración indagatoria hoy mismo, y que el proceso podría prolongarse por varios días, dado el alto número de personas acusadas.
Las autoridades dijeron que la implicación de los servidores públicos debe ser individualizada, aunque las investigaciones preliminares los colocan, en general, como supuestos cómplices de la organización criminal, concretamente al evitar que fueran capturados cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y con destino a México.
Además, se les acusa de brindar protección a los miembros de la banda, así como de suministrar información sobre los movimientos de los organismos de seguridad e inclusive documentos oficiales para «legalizar» los cargamentos bajo el camuflaje de exportaciones de mercancía seca.
Precisaron que los aprehendidos son 12 funcionarios de la Policía y otros 15 de la PTJ, todos destacados en la provincia de Chiriquí.
Entre los sospechosos figuran detectives, inspectores e incluso el jefe de Narcóticos de la PTJ en esa provincia.
Al grupo de funcionarios aprehendidos se suma Salín Salem, empresario nicaragüense de origen libanés, dueño de un local situado en la frontera de Panamá con Costa Rica, así como los ocho cabecillas de la red de narcotraficantes. Entre estos últimos figuran los mexicanos Luis Placencia y Jorge Sánchez, jefes de logística de la banda; y los panameños Rafael Leiton, alias El León de Judá, y Enock Vidal, apodado El Micho, líderes locales del grupo y con cuyas capturas se puso al descubierto esta organización.
También se sospecha la implicación de funcionarios de Aduanas y del Ministerio Público, cuya titular, Ana Matilde Gómez, señaló que las actividades de este grupo demuestran que los organismos de seguridad son vulnerables ante el crimen organizado.
A juicio de Mirones, lo importante es que son las propias instituciones de seguridad las que han puesto al descubierto a sus funcionarios corruptos.
En tanto, Ayú Prado aseguró que no entorpecerá las pesquisas y advirtió que todo aquel funcionario de la PTJ que esté involucrado, de inmediato irá a la cárcel.