Ante la justicia británica que examina su demanda de extradición de Julian Assange, Estados Unidos puso el miércoles en entredicho el riesgo de suicidio y dio garantías sobre el tratamiento que recibirá el fundador de WikiLeaks si se le entrega.
Reclamado por una filtración masiva de documentos clasificados, el australiano de 50 años enfrenta una pena de 175 años de prisión en Estados Unidos, en un caso calificado de ataque contra la libertad de prensa por sus seguidores.
En esta audiencia, que está prevista que se prolongue hasta el jueves, Estados Unidos espera convencer al Alto Tribunal de Londres de anular la decisión de enero de la jueza Vanessa Baraitser. La magistrada había rechazado la demanda de extradición basándose en el riesgo de que Assange se suicidara si era encarcelado en un centro estadounidense.
El miércoles, el abogado que representa al gobierno estadounidense, James Lewis, aseguró que Assange no presentaba "ningún antecedente de enfermedad mental grave y duradera" y afirmó que incluso los expertos de su defensa sólo lo encontraban "moderadamente deprimido".
Según él, el fundador de WikiLeaks tenía "todas las razones de exagerar sus síntomas" y advirtió sobre una decisión que se basaría en las predicciones hechas en "una bola de cristal" sobre su suerte en caso de extradición.
Lewis insistió en que la justicia estadounidense garantizará que Assange reciba los cuidados clínicos y psicológicos necesarios y que pueda solicitar purgar su eventual pena en Australia, su país de origen.
Y también aseguró que no será sometido a medidas especiales ni estará detenido en el temido centro penitenciario de muy alta seguridad ADX Florence, en Colorado, conocido como "Alcatraz de las Rocosas".
La defensa de Assange respondió que estas garantías no impedían que fuera recluido en un centro parecido y repitió que Estados Unidos no dispone de ninguna "base fiable" para apelar el rechazo de extradición.
Detenido desde hace dos años y medio en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres, tras un largo encierro en la embajada de Ecuador, Assange participó en la audiencia por videoconferencia.
Esta apelación ante el Alto Tribunal de Londres es uno de los últimos recursos de Washington, que, en caso de que fracase, sólo podría acudir al Tribunal Supremo británico. En caso de victoria, no será el final del caso, que será reenviado ante otro tribunal que deberá pronunciarse sobre el fondo.
'Muy delgado'
Antes del comienzo de la audiencia, varias decenas de personas se concentraron frente al Alto Tribunal de Londres para apoyar a Assange.
"No hizo nada malo desde un punto de vista legal, ético o moral", dijo a la AFP Sadia Koknie, 40 años, presente para apoyar al militante australiano.
"Fue encarcelado en condiciones repugnantes (…). No debiera estar aquí y lo que vivió es totalmente ridículo", agregó.
Assange, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de defensa de la libertad de prensa, es buscado por Estados Unidos por espionaje a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos.
Fue detenido por la policía británica en abril de 2019, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió cuando estaba en libertad bajo fianza. Temía la extradición a Estados Unidos o Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.
Todo depende de si la justicia británica "extraditará a un periodista hacia un país que hizo un complot para asesinarlo", estimó antes de la audiencia Stella Moris, pareja de Assange, "muy preocupada" tras haberlo visto "muy delgado" en la cárcel el sábado.
"Espero que el tribunal pondrá fin a esta pesadilla", dijo.
Assange es objeto de un proceso lanzado durante la presidencia de Donald Trump. Bajo la presidencia de Barack Obama, que tenía a Joe Biden como vicepresidente, la justicia estadounidense había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks.
Pero la elección de Biden en la Casa Blanca no parece conllevar el giro en el caso que los seguidores de Assange esperaban.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, instaron a mediados de octubre en una carta abierta al fiscal general estadounidense a que abandonase las medidas.