El viceministro de la Presidencia también señaló que cualquier delito de corrupción que implique una lesión patrimonial será investigado por el Ministerio Público.
| agosto 19, 2022
Los miembros del Ejecutivo que forman parte de la mesa única del diálogo, la cual se lleva a cabo en el Centro Cristo Sembrador de Penonomé, provincia de Coclé, tildaron de "inviables" la mayoría de las propuestas presentadas por los grupos sociales en materia de corrupción y transparencia.
La derogación de la Ley 292 de 1 de abril de 2022, que permite la reelección de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi); la eliminación del subsidio electoral a los partidos políticos, y el llamado a una constituyente originaria, son algunos de los puntos que expusieron sobre la mesa los líderes sociales.
Por su parte, el el viceministro de la Presidencia, Carlos García, aseguró que un equipo del Gobierno está haciendo un estudio económico y financiero de todos los cargos que existen en el Estado, de acuerdo con los niveles jerárquicos y sus responsabilidades; esto, en cuanto a la reducción del 50% de los salarios, gastos de representación, viáticos y dietas que reciben altos funcionarios.
El equipo de Gobierno, que en esta etapa de la agenda es liderada por García, además de considerar "inviables" las propuestas, comentó que están "alejadas de los preceptos de la Constitución”.
Explicó que no se puede llamar a una constituyente originaria, porque cualquier propuesta de modificación debe estar sujeta al procedimiento ya establecido en la Constitución, a lo que García hizo lectira del artículo 314 que habla del proceso para establecer una nueva carta política a través de una constituyente paralela. “Vivimos en un Estado de derecho en el que nuestra Carta Magna es piedra angular, por ello cualquier propuesta de modificación debe estar sujeta al procedimiento ya establecido en la Constitución”.
También descartaron la propuesta de crear la comisión de la verdad sobre la corrupción y el consejo de auditoría social, ya que la Contraloría General de la República es el ente, según la Constitución, para fiscalizar y regular a través del control previo y posterior, los actos de manejos de fondos públicos.
El viceministro de la Presidencia también señaló que cualquier delito de corrupción que implique una lesión patrimonial será investigado por el Ministerio Público.
Una vez culmine el punto de corrupción y transparencia de la agenda, se entrará en las llamadas mesas de seguimiento, que sería la segunda fase del diálogo, que sumará a otros actores a la mesa y en que la Iglesia Católica ya no sería la facilitadora.
