| marzo 3, 2011
El Gobierno español pidió al Tribunal Supremo que impida la legalización de Sortu, la nueva formación creada por la izquierda independentista vasca, a la que considera un instrumento de la organización terrorista ETA para que su entorno político pueda concurrir a las elecciones de mayo.
La petición fue presentada en representación del Ejecutivo por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, quien dijo, en declaraciones a los periodistas, que el rechazo a la violencia incluido en los estatutos del nuevo partido no significa que se haya desvinculado realmente de ETA.
También señaló que la banda terrorista y su ilegalizado brazo político, Batasuna, "utilizan tácticamente a Sortu como medio para estar en las elecciones" y poder regresar a las instituciones locales en el País Vasco a través de los comicios municipales previstos para el 22 de mayo.
El Gobierno pidió la prohibición de la nueva formación, presentada el pasado 9 de febrero, tras concluir que es sucesora de Batasuna, ilegalizada en 2003 por la Justicia española por sus vínculos con ETA.
Posteriormente, otros partidos de la izquierda independentista vasca fueron asimismo ilegalizados al estimar el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que eran sucesores de Batasuna.
En el caso del recién creado Sortu, los servicios jurídicos del Estado elaboraron la demanda para pedir que no se permita su inscripción como partido después de examinar los informes remitidos por las fuerzas de seguridad, que concluyen que Sortu no es más que un instrumento de Batasuna "al servicio de ETA".
La ilegalización de Batasuna y las sucesivas formaciones que la sucedieron aglutinando a la izquierda independentista vasca impide que estas fuerzas puedan concurrir a las elecciones que se celebran en España, por lo que el nuevo partido busca con su inscripción poder presentarse a los comicios municipales y locales que se celebrarán el próximo 22 de mayo.
Desde 2002 en España está vigente la Ley de Partidos políticos que prevé la prohibición de las formaciones que apoyen o amparen el terrorismo.
En la presentación de Sortu, los promotores anunciaron que en sus estatutos se incluye el rechazo "al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para la consecución de objetivos políticos, incluyendo la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones".
Pero tanto el Gobierno español como la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP, centroderecha), creen que se trata de un cambio cosmético con el fin de lograr la inscripción como partido político para concurrir a las elecciones de mayo.
Reprochan a la nueva formación que tras la detención este martes de cuatro presuntos miembros de ETA, que almacenaban armas, casi 200 kilos de explosivo y material para hacer bombas, mantuviera silencio.
El presidente regional del País Vasco, el socialista Patxi López, afirmó hoy que Sortu está perdiendo muchas oportunidades para demostrar que va en serio, como cuando calló tras la detención de los cuatro miembros de ETA que ocultaba 200 kilos de explosivos.
En el mismo sentido se pronunció hoy el ministro de la Presidencia del Ejecutivo central, Ramón Jáuregui, quien dijo, en unas declaraciones a Radio Nacional de España, que los indicios indican "que son sucesores, herederos de Batasuna", por lo que si realmente quieren ser legales "tienen que acreditar que han roto con la violencia".
Tras los engaños que hubo en el pasado, "la democracia tiene derecho a dudar", agregó el ministro.
La detención de los cuatro presuntos miembros de ETA en la madrugada de este martes en el País Vasco y el descubrimiento de que almacenaban armas y explosivos se produjo después de que la banda terrorista declarara el pasado 10 de enero un alto el fuego.
Ese gesto le había sido reclamado en los últimos meses con insistencia por la izquierda independentista vasca que busca regresar a las instituciones locales.
ETA declaró el alto el fuego general y permanente tras haber sufrido golpes sucesivos en toda su estructura, con más de 400 detenidos desde 2007 y un acoso creciente en Francia y Portugal.
Desde su fundación en 1959, la organización terrorista que surgió con el objetivo de buscar la independencia del País Vasco de España, ha causado la muerte de casi 900 personas.
