«En estos 18 años que llevamos de lucha, han fallecido 17 compañeros nuestros», lamentó Vence, quien aseguró que han muerto a causa de enfermedades producidas por las dificultades económicas y el hambre.
| enero 24, 2009
Un grupo de panameños denunció hoy que el próximo presidente de Panamá, que será elegido el mes de mayo, podría no pagar la millonaria indemnización que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en Costa Rica, impuso a este país en 2001.
Rodolfo Gabriel Vence, Eric González y Javier Muñoz se encuentran frente a la Corte-IDH para exigirle al tribunal que obligue a Panamá a cumplir la sentencia dictada en el 2001, en favor de 270 trabajadores, mayoritariamente, del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, que fueron despedidos en 1991, tras acudir a una protesta sindical en contra de la privatización.
Vence denunció a Efe la "ineficacia" de la Corte y resaltó que esta institución es incapaz de hacer cumplir a los estados las sentencias que dicta.
Según la resolución de 2001, el Estado de Panamá tiene que restituir a los trabajadores a un nuevo sitio de trabajo que tenga las mismas condiciones que el que perdieron o bien indemnizarlos con el equivalente a su antiguo sueldo.
A fines del año pasado, el Gobierno de Panamá les pagó a los 270 trabajadores o sus herederos un total de 6,9 millones de dólares y programó un pago anual de 5 millones de dólares entre 2009 y 2011 para completar 21,9 millones de dólares en cumplimiento de la sentencia de la Corte, que homologó esta indemnización previamente.
"En estos 18 años que llevamos de lucha, han fallecido 17 compañeros nuestros", lamentó Vence, quien aseguró que han muerto a causa de enfermedades producidas por las dificultades económicas y el hambre.
El panameño explicó que desde que perdieron sus puestos de trabajo no encontraron otros empleos por su edad y porque el Estado "nos marcó, pasaba las listas con nuestros nombres a las empresas".
Esta es la tercera vez que este grupo duerme frente a la Corte Interamericana para reclamar sus derechos, después que entre octubre y noviembre de 2007 pasaran más de 30 días y también en agosto de 2008.
La demanda contra Panamá fue presentada en enero de 1994 y fue conocida en la Corte bajo el nombre "Ricardo Baena y otros", por la cual dictó sentencia en 2001.
En 1990 un total de 270 trabajadores estatales fueron despedidos por el presidente Guillermo Endara, tras realizar una protesta sindical contra las privatizaciones, la cual coincidió con un alzamiento policial encabezado por el ex coronel Eduardo Herrera.
Las autoridades panameñas se defendieron durante el proceso diciendo que los trabajadores fueron despedidos bajo la acusación de los delitos de sedición y atentar contra la seguridad interna del Estado y el orden constitucional y democrático del país.
