Esas prácticas afectan la convivencia ciudadana, produce daños irreversibles a la productividad del país, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, afectando además a terceros que, en democracia, tienen el derecho a ejercer el libre tránsito.

«La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, Presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego», dijo.

Durante la sustentación se informó que se proyecta cerrar el año 2023 con 9 mil 178 trámites entre quejas y orientaciones, y que además se registraron 23 alertas tempranas durante los nuevos meses transcurridos del presente año.

Idárraga aseguró que en Colombia no se ha hecho justicia en este caso por lo que la reapertura del caso es inminente tras estas declaraciones.

La madre de Estrella, Aura Pinzón, ha hecho un llamado a la comunidad para brindar apoyo en esta etapa crucial

Exhortan al gobierno nacional a que, gremios especializados elaboren un código minero que sea el marco regulador para próximas actividades mineras en nuestro país.

Mediante nota, la Defensoría del Pueblo solicita que dicho audito se realice a: Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.; Empresa Energías y Servicios de Panamá, S.A.: Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A. (GAS NATURAL FENOSA); las cuales operan en el territorio nacional.

En contubernio entre la Asamblea y el Ejecutivo se reparten millones de los fondos públicos para alimentar el clientelismo que garantice la reelección de los candidatos del PRD y afines al gobierno.

Sostuvo que, aunque ya se tiene un plan de emergencia en el tema de la sequía no se descarta el tomar otras decisiones en Consejo de Gabinete.

Junto a representantes de gremios de billeteros y miembros del Movimiento Otro Camino (Moca) que lo acompañaron a la sede de la LNB de Avenida Perú, Lombana pidió dicha información fundamentado en lo dispuesto en la ley 6 del 22 de enero de 2002 sobre transparencia en la gestión pública