El acto público por $257 millones fue cancelado debido a la falta de revisión de ciertos requisitos en el pliego de cargos.

La demanda presentada por el Partido Liberal, que apoyó la candidatura del líder de la ultraderecha a la reelección, puso en duda al 61 % de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 30 de octubre.