Casi el 60% de estos casos corresponden a recursos de impugnación derivados de procedimientos de selección, mientras que 40% se ha generado en procedimientos de resolución administrativa de contratos, cuyos términos para el trámite se han reducido gracias a reformas recientes en las leyes que rigen el proceso.

Paralelamente, la CSS ordenó la realización de una auditoría médica cuyos resultados fueron aportados al Ministerio Público, que decidió abrir un segundo proceso penal.

El secretario general de la CSS, Edwin Salamín, indicó que lo más importante del encuentro fue la decisión de permitirles volver a revisar todos los puntos que mantiene las conversaciones estancadas.