La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá suspendió a tres jueces penales y a uno civil por irregularidades y demoras en el trámite de expedientes.

| mayo 15, 2009
Los suspendidos son los jueces sexto y séptimo de la capital, Rubén Royo y Felipe Fuentes, respectivamente, y el juez de la localidad de La Chorrera (oeste) Ricardo Mazza, todos del ramo penal, así como la jueza civil de la ciudad de Colón (Caribe) Xiomara Bulgin Wilson, según un comunicado de la CSJ.
La suspensión fue decretada por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la CSJ mediante resoluciones del pasado 12 de mayo.
Los magistrados de esa sala detallaron que las resoluciones se sustentan en irregularidades descubiertas por una auditoría judicial practicada a los cuatro despachos investigados, entre ellas el incumplimiento de términos establecidos por la ley.
Además, destacan expedientes en espera de admisión, de pruebas y de trámites procesales, algunos desde hace varios años, además de falta de notificación, incumplimientos de trámites para fijar fecha de audiencia y demoras en las prácticas de prueba.
Las auditorías igualmente revelaron sumarias en averiguación pendientes de resolver, libertades sin hacerse efectivas y faltas graves de supervisión y control del despacho judicial.
La Sala Cuarta aclaró que la suspensión no limita el derecho de defensa de los jueces investigados y que contra estas resoluciones cabe el recurso de reconsideración.
Las resoluciones se fundamentan en el acuerdo número 398 de la CSJ, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el pasado día 11, que establece la separación del cargo de los funcionarios judiciales de carrera cuando sean procesados por faltas disciplinarias o éticas ante su superior jerárquico.
El acuerdo fue firmado por los magistrados de la Sala Cuarta a raíz de irregularidades descubiertas en 39 auditorías judiciales practicadas en 2008 y en otras 28 en lo que va de 2009.
El presidente de la CSJ, Harley Mitchell, rechazó las críticas de algunos abogados y juristas, que advierten de que la suspensión viola la norma constitucional que establece la inamovilidad de los jueces, al señalar que "son solo medidas cautelares" y que "no se ha condenado a nadie".
"Cómo es posible que si las auditorías evidencian situaciones altamente graves no se vayan a tomar acciones", dijo Mitchell a la prensa.
En tanto, el juez Rubén Royo calificó de "persecución" las auditorías realizadas a su despacho y la suspensión, porque a su juicio todo comenzó en noviembre de 2008 a raíz de su condena a un sobrino del presidente panameño, Martín Torrijos, por cultivar marihuana en su apartamento.
"Automáticamente, semanas después, se inicia esta situación", afirmó Royo, quien dijo que la investigación en su contra es una "patraña" y que no se le ha podido probar ningún acto de