Managua denunció en 2001 a Bogotá, a la que reclama unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, área que incluye el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sobre la cual Colombia ejerce la soberanía en virtud de un tratado de 1928.
| mayo 4, 2011
El presidente de la Corte, Hisasha Owada, explicó en la lectura de la decisión que Costa Rica no ha podido demostrar que exista un riesgo de que sus "intereses de naturaleza legal" puedan ser afectados en el fallo que los jueces emitan en la disputa por la frontera marítima que enfrenta a Nicaragua y Colombia.
El embajador de Costa Rica en Colombia, Edgar Ugalde, que ha sido el agente de San José en la petición costarricense, declaró en los pasillos de la Corte que "lo importante es que los jueces vayan tener en cuenta nuestros argumentos, con lo que nuestros objetivos fueron alcanzados".
Ugalde aclaró que de haber permitido la intervención de Costa Rica "se hubiese podido profundizar, pero respetamos la decisión de la Corte, que ha sido tomada en una votación muy ajustada, de nueve votos a favor y siete en contra".
La decisión puntualizó que el artículo 59 de los Estatutos de la Corte "ofrece suficiente protección" a los posibles intereses de Costa Rica, porque establece que los fallos del máximo organismo judicial de la ONU no pueden afectar intereses de terceros países.
San José temía una superposición de intereses en la frontera sur de la línea divisoria propuesta por Colombia y Nicaragua, ya que afectaría a las 200 millas náuticas sobre las que tiene jurisdicción.
Para el embajador nicaragüense en Holanda, Carlos José Argüello, la denegación de la solicitud costarricense ha sido "correcta", aunque se quejó de que "ha retrasado" la marcha del caso de fondo.
Managua denunció en 2001 a Bogotá, a la que reclama unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, área que incluye el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sobre la cual Colombia ejerce la soberanía en virtud de un tratado de 1928.
En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la lucha por la jurisdicción de esas islas.
Los jueces decidirán durante el curso de la tarde si aceptan o no la intervención de Honduras en el contencioso.