El Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá ha recomendado la creación de una entidad rectora de los recursos carcelarios con que dispone el Estado.
| febrero 9, 2011
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, debe elevar el colapsado sistema de cárceles al nivel de estado de emergencia en procura de una solución a una crisis que aumenta la criminalidad y conspira contra los derechos humanos, dijo la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.
La propuesta de transformación fue presentada por Aida Selles en un conferencia convocada este miércoles por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), para analizar los temas de la seguridad y la criminalidad.
Selles sostuvo que Panamá debería seguir el camino de República Dominicana, donde el sistema penitenciario ha sido transformado como resultado de la voluntad política del gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, que apuesta por la cultura de paz.
La experta en criminología lamentó que en este país los menores infractores, en su mayoría con baja escolaridad y excluidos del sistema formal de enseñanza, carezcan de atención y seguimiento, y sean entregados a un régimen carcelario dominado por los abusos, el hacinamiento, la hostilidad y los casos de drogas.
Con más de 12 mil 500 internos, los 22 centros penitenciarios habilitados en este país sobrepasan la capacidad para la que fueron construidos y, únicamente, 4 mil 200 reos han sido condenados, lo que revela una de las moras judiciales más altas de Latinoamérica.
En 2011, el gobierno panameño destinó en el presupuesto nacional unos 30.8 millones de dólares (seis veces más que en 2010), para la asignación de servicios penitenciarios, pero los expertos estiman que el énfasis estatal debería ser dirigido a la prevención.
"Hemos fracasado como sociedad y como sistema", planteó Selles en su llamado a cambiar el enfoque, ante el aumento del crimen organizado.
Añadió que "las cárceles están llenas de reclusos que fueron infractores en la infancia", lo que confirma la exclusión y la falta de políticas sociales claras, audaces y eficientes.
Proponen crear entidad rectora
Un informe de la Misión de Derechos Humanos de la Asamblea Ciudadana, sobre las condiciones en los Centros de Cumplimientos de Menores en las provincias de Panamá y Colón, reveló que los internos "conviven con sus excrementos en oscuras y malolientes celdas, que más bien parecen mazmorras por su casi nula ventilación".
Al respecto, Selles recomendó la creación de una entidad rectora que permita preparar un inventario de los recursos carcelarios disponibles, para trazar líneas de acción.
Asimismo, propuso convertir a las cárceles en un sistema abierto y no cerrado, con programas de educación adecuados.
La experta recomendó el desarrollo de planes de integración social fundamentados en la convivencia pacífica, la reincorporación a la escuela de escolares desertores, la urbanización inteligente, la diseminación intensiva de una cultura de legalidad y la reconversión de la Policía en un organismo confiable.
