Mediante una misiva enviada al presidente Cortizo, el presidente de AILA, Enrique Egloff, indicó que existe una preocupación regional por el incremento sin precedentes en el contrabando de cigarrillos, que provienen principalmente de Panamá, ya que se estima que aproximadamente un 50% de los cigarrillos ilegales que se comercializan en países de Latinoamérica son distribuidos desde Panamá.
La Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, fortalecer las políticas públicas y las medidas de prevención, persecución y sanción contra el contrabando de cigarrillos en Panamá, el cual aseguran, impacta negativamente a los demás países de América Latina, quienes también se ven socavados por este flagelo.
Una preocupación que se da a cinco meses de que Panamá reciba a la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (COP 10) y la Tercera Reunión de las Partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP3), evento que reunirá a 182 países parte del Convenio y donde se espera que los estados firmantes emitan recomendaciones de políticas públicas y declaraciones en conjunto contra del comercio ilícito de productos de tabaco.
Mediante una misiva enviada al presidente Cortizo, el presidente de AILA, Enrique Egloff, indicó que existe una preocupación regional por el incremento sin precedentes en el contrabando de cigarrillos, que provienen principalmente de Panamá, ya que se estima que aproximadamente un 50% de los cigarrillos ilegales que se comercializan en países de Latinoamérica son distribuidos desde Panamá.
AILA, constituida por las organizaciones más representativas de las empresas industriales privadas en América Latina, puso de manifiesto el impacto negativo que tiene este flagelo en numerosos aspectos económicos y sociales de los países. Uno de ellos son las afectaciones que está provocando en la recaudación de impuestos: las pérdidas fiscales anualmente se estiman en más de 1.8 billones de dólares, en base a los más de 18 billones de unidades de cigarrillos ilegales que se comercializan por año en Latinoamérica.
La agrupación que aglutina a los industriales de América Latina indica que al verse afectada la recaudación de impuestos producto de la venta de cigarrillos legales, “nuestros países se ven limitados en sus capacidades internas de contar con los recursos requeridos para generar acciones prioritarias desde el aparato público, como programas sociales, sanitarios, de seguridad, sistema de justicia, infraestructura, entre otros”.
Preocupación por simbiosis contrabando- crimen organizado
El grupo también hizo mención al papel que tienen los grupos del crimen organizado en el mercado mundial de tabaco ilícito. “La simbiosis entre el comercio ilícito de cigarrillos y otras formas de crimen internacional organizado hace que el contrabando de cigarrillos proveniente de Panamá afecte también los sistemas financieros y de seguridad ciudadana, de la misma manera en la que este flagelo afecta al sistema panameño”, indicaron en la carta, recordando que el crimen organizado es uno de los principales retos que enfrenta nuestra región y que utiliza el tráfico ilegal de cigarrillos como una de sus principales herramientas para financiar sus operaciones.
Destacaron su preocupación de que la favorable posición logística de la Zona Libre de Colón, que le ha ayudado a posicionarse como un gran creador de empleos y generador de ingresos, también ha llamado la atención de las organizaciones criminales para establecer operaciones en esta Zona y desde allí, llevar a cabo la distribución de productos ilícitos de tabaco hacia el resto de la región.
Ante ese panorama, AILA recalca la necesidad de que Panamá fortalezca sus políticas públicas para la prevención del contrabando de cigarrillos, partiendo en primera instancia por reducir el monto para que la actividad ilícita de contrabando sea considerada un delito perseguible por el Ministerio Público, que actualmente Panamá establece en $500 mil, mientras que países vecinos como Costa Rica lo establecen en $5 mil.
La petición de AILA se suma a la de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA), quienes semanas atrás expresaron su preocupación por la falta de políticas públicas efectivas para combatir el contrabando de cigarrillo en Panamá.
