Panameños y panameñas se movilizan contra la ‘Ley Chorizo’


Entre los gremios que participarán de la marcha están la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana).


Noticia Radio Panamá | Panameños y panameñas se movilizan contra la ‘Ley Chorizo’

| septiembre 9, 2010


La Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo convocó a una marcha para este jueves en rechazo de la Ley 30 y la norma llamada “Carcelazo”. Sindicalistas exigirán que la Corte se pronuncie al respecto.

La convocatoria fue realizada en el marco de una nueva etapa de marchas y manifestaciones para que se deroguen las cuestionadas leyes.

La marcha se realizará simultáneamente en las ciudades de Panamá, David y Changuinola.

Entre los gremios que participarán de la marcha están la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana).

La movilización partirá desde el Parque Porras hacia la Corte Suprema de Justicia. El reclamo principal al máximo tribunal será sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley Chorizo.

La movilización fue anunciada luego del fracaso de una negociación entre los gremios y el Gobierno.

El secretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, responsabilizó por el naufragio de las discusiones al Viceministro de Trabajo panameño, Luis Ernesto Carles.

La Ley 30 impone limitaciones al derecho a huelga y permite la contratación de personas para sustituir a quienes estén de paro.

Además, otorga beneficios a policías que cometan delitos en ejercicio de sus funciones. Y elimina la obligatoriedad de los estudios ambientales en emprendimientos realizados por el Estado.

En tanto, la Ley Carcelazo modifica el Código Penal. Entre las reformas establece de seis meses a dos años de cárcel para quien impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país.

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