El defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, precisó que darle el nombre de Heliodoro Portugal a una calle «es un acto de desagravio, de reconocimiento del Estado y de la responsabilidad que se la ha impuesto internacionalmente a través de una sentencia de 2008» de la CorteIDH.
| mayo 25, 2010
Los panameños asumieron hoy la petición de perdón del Gobierno por un crimen de la dictadura militar (1968-1989) como un desagravio a las víctimas que debe ayudar a pasar página a una etapa oscura en la historia del país.
El vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, pidió este lunes perdón por el asesinato del dirigente opositor Heliodoro Portugal, en una acción inédita en este país, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CorteIDH) de 2008 que condenó al Estado panameño por este crimen.
"El Estado panameño pide perdón por los actos cometidos que desencadenaron en la desaparición, tortura, abusos, violación de derechos fundamentales y muerte en el caso específico de Heliodoro Portugal", señaló Varela al dar a una calle el nombre del opositor.
El ex jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional Roberto Díaz Herrera, primo del fallecido general Omar Torrijos, dijo a Efe que nunca entendió por qué el Gobierno del hijo del general, Martín Torrijos (2004-2009), jamás pidió perdón por ese crimen.
"Creo que no le costaba nada al régimen anterior decir perdón a la familia Portugal por ese secuestro y ese crimen, porque fue un crimen, no costaba nada, era una frase, pero una frase que también debe sentirse y hacerse con énfasis", señaló.
No obstante, aseveró que "el Estado de Panamá ha estado renuente a través de (los) años (…) en pedir perdón públicamente".
El Gobierno de entonces, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), asumió en febrero de 2009 la responsabilidad por la desaparición en mayo de 1970 de Portugal, pero no pidió el "perdón" ordenado por la CorteIDH y esperado por los familiares de la víctima.
El alcalde de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, aunque dijo que la petición de perdón no es más que "una curita", ya que nada va a devolver a Heliodoro Portugal a su familia, expresó su esperanza de que suponga el comienzo del "proceso de sanación de la herida".
"El proceso es bueno", dijo a Efe Vallarino, un periodista que en su día luchó contra la dictadura, aunque destacó que debía haber sido "un gobierno del PRD", partido fundado por el general Torrijos y vinculado a los militares durante los 21 años de dictadura, el que debía haber hecho este reconocimiento.
"Quizás le hubiera dado mayor mérito al gesto que los mismos que estuvieron vinculados de una u otra manera (con la dictadura) fueran los que manifestaran el arrepentimiento", agregó.
El vocero del PRD, Boris Moreno, señaló telefónicamente a Efe que el partido no haría ningún comentario al respecto.
Por su parte, el defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, precisó que darle el nombre de Heliodoro Portugal a una calle "es un acto de desagravio, de reconocimiento del Estado y de la responsabilidad que se la ha impuesto internacionalmente a través de una sentencia de 2008" de la CorteIDH.
Vargas recordó que hay algunos puntos pendientes de la sentencia que hay que abordar para que el Estado panameño los "pueda cumplir todos y cada uno de ellos".
De los 110 casos de desapariciones forzadas y homicidios registrados en Panamá durante la dictadura militar, entre 2006 y octubre de 2008 sólo 47 fueron remitidos a los tribunales por el Ministerio Público, según un informe de la entonces procuradora general de Panamá, hoy separada de su cargo, Ana Matilde Gómez.
Esos son los casos documentados por la Comisión de la Verdad, que en 2004 concluyó sus investigaciones por encargo de la entonces presidenta panameña, Mireya Moscoso.
De los casos remitidos a los tribunales, en sólo 15 se hallaron los restos de las víctimas, entre ellos los de Heliodoro Portugal, por el que se juzgará en julio próximo al ex dictador Manuel Antonio Noriega, que actualmente está preso en Francia, y a otros siete ex militares miembros de la extinta Guardia Nacional.
Los otros 32 casos corresponden a desapariciones forzadas en los que no se encontraron los cadáveres de las víctimas.
Del total de casos enviados por el Ministerio Público, en 14 se abrió causa criminal contra los imputados, en su mayoría militares a quienes por su avanzada edad se les otorgó el arresto domiciliario.
En otros siete procesos, los tribunales declararon la prescripción del delito.
Mientras tanto, 19 casos se resolvieron con una petición de sobreseimiento provisional y uno con sobreseimiento definitivo.
Sobre los otros seis casos, en uno el Ministerio Público declinó su competencia y en cinco está a la espera del pronunciamiento de tribunales penales.
