La Directora Ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, dijo que la independencia judicial «no sólo es un privilegio de los jueces, sino también de los ciudadanos».
| mayo 31, 2011
La sociedad en su conjunto, y más particularmente los empresarios, debe convencerse que entre las varias ventajas de una justicia independiente está la de ser buena y conveniente para las inversiones, afirmaron hoy expertos en un foro sobre el tema en Panamá.
"Se puede ver que en ciertos países y en ciertas oportunidades históricas, hasta los empresarios, no solamente las fundaciones (que se preocupan del asunto) se dan cuenta que les conviene tener una justicia independiente", dijo a Acan-Efe el catedrático de derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, Alejandro Garro.
El catedrático argentino dijo que una justicia fuerte es buena para los empresarios porque le da "credibilidad y predictibilidad acerca de sus negocios".
Garro, quien ofreció en el foro algunas perspectivas comparadas sobre el tema, señaló que la otra justicia que no es independiente y está minada por la impunidad y la corrupción es propicia "para quien tiene más plata para coimear (sobornar) y es el que gana" así los procesos.
En este sentido, Garro, vicepresidente de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) que auspició el foro sobre "Estado de derecho e independencia judicial" en la Universidad Santa María la Antigua (USMA, católica), recomendó a los empresarios a que "pongan su dinero y su interés en tener una justicia independiente".
"Eso es una fuente de seguridad para sus negocios", recalcó el catedrático argentino.
Garro reconoció que un problema "grave para la independencia judicial, tanto en Panamá como en Centroamérica, es cómo y a quién se selecciona para impartir justicia, lo cual es una decisión que "casi siempre" recae en los poderes políticos: el presidente y el Congreso.
El problema de esto radica en que si el presidente tiene una mayoría en el Congreso, como ocurre en la mayoría de las democracias latinoamericanas, entonces "probablemente se va a (escoger un juez o magistrado) con la ideología o con los intereses del Gobierno de turno", afirmó Garro.
"Eso trae impunidad y corrupción, y eso el problema serio que nosotros tratamos obviamente de darle seguimiento como institución de derechos humanos, y de tratar de ver cómo se puede reajustar", expresó.
Por su parte, María Silvia Guillén, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, dijo que la independencia judicial "no sólo es un privilegio de los jueces, sino también de los ciudadanos".
"En la medida en que los jueces son independientes hay más garantías de respeto a los derechos humanos para que los mismos se hagan justiciables", señaló Guillén a Acan-Efe.
Guillen afirmó que en toda Centroamérica hay problemas con la falta de independencia judicial, por lo que abogó por el intercambio de experiencias entre todos los países de esta región, para que los Estados, indicó, "puedan ver a la sociedad exigiendo independencia judicial".
