La decisión del tribunal, se da luego que Castillo intentara establecer un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre, bajo un «Gobierno de Excepción» y la disolución del Congreso.
Ariel Albaez | diciembre 16, 2022
La Corte Suprema de Justicia de Perú, ordenó la noche de este jueves 15 de diciembre, la detención preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, así como como presunto autor del delito contra la Administración Pública y la Tranquilidad Pública.
La decisión del tribunal, se da luego que Castillo intentara establecer un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre, bajo un «Gobierno de Excepción» y la disolución del Congreso.
Previamente, Castillo estuvo detenido por siete días en la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía peruana.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que existen elementos de convicción que vinculan a Castillo en los delitos imputados, y destacó el mensaje a la Nación emitido a través de los medios de comunicación, las declaraciones de Salas Zegarra, de la reportera del canal nacional, del camarógrafo Pantoja, de Bobbio Rosas, Sánchez Palomino.
A su vez, expuso que existe tanto peligro procesal de fuga como de obstaculización, al considerar que luego de dar el mensaje a la Nación, Castillo se retiró de Palacio de Gobierno con su familia y en el camino ordenó al conductor que se dirija a la Embajada de México para pedir asilo, lo que fue validado por el Canciller de México y el presidente López Obrador quien ratificó que si Castillo Terrones solicitaba el asilo se lo concedían.
«No tiene domicilio conocido, pues en su DNI figura un domicilio en Chota, cuando él estuvo residiendo en Palacio de Gobierno desde julio del 2021, y no varió dicho domicilio siendo ello obligatorio; agregó que existe también peligro de obstaculización ya que puede perturbar las investigaciones que tiene pendientes; así como debe tenerse en cuenta el daño causado en referencia al golpe de Estado con el subsecuente cierre de carreteras, aeropuertos», agregó la Fiscalía peruana.
Por su parte, la defensa de Castillo argumentó que dicho peligro procesal no existe, ya que su defendido cuenta con un domicilio conocido, así como un trabajo al que retornará como docente en la localidad de Puña, Tacabamba, Chota, luego que fuera destituido como presidente.
«Las referencias de la fiscalía a un supuesto pedido de asilo por parte de Castillo Terrones se sustenta en recortes periodísticos y de un video de YouTube, en los que se señala que México estaría dispuesto a concederle asilo, un asilo que nunca solicitó o requirió», añadió.
