Panamá (EFE).- El Ministerio Público (MP) de Panamá, tras las denuncias de la prensa local, inició de oficio una investigación sobre el caso de una veintena de extranjeros indocumentados presuntamente lanzados al mar desde helicópteros entre 1982 y 1983, durante el régimen militar.
| noviembre 18, 2008
Panamá (EFE).- El Ministerio Público (MP) de Panamá, tras las denuncias de la prensa local, inició de oficio una investigación sobre el caso de una veintena de extranjeros indocumentados presuntamente lanzados al mar desde helicópteros entre 1982 y 1983, durante el régimen militar.
Un portavoz de la fiscalía señaló hoy a Efe que la investigación, a cargo del Fiscal Tercero Superior, Dimas Guevara, incluye la inspección de los archivos secretos de la Policía Nacional, incluida entonces en las llamadas Fuerzas de Defensa, creadas en 1983 y desde las que se gobernó de facto el país hasta 1989.
Las autoridades judiciales buscan obtener documentos relacionados con los hechos descritos, ocurridos en la provincia de Darién (limítrofe con Colombia), y que señalan al entonces capitán Luis "Papo" Córdoba como supuesto responsable de las ejecuciones.
El MP agregó que también se ha citado a declarar a algunos de los responsables de la información publicada en junio pasado en la prensa en la que se denunciaron las prácticas conocidas como los "vuelos de la muerte".
"La intención es obtener detalles o informaciones que tal vez no fueron dados a conocer en la nota periodística que se publicó", indicó la fuente consultada.
El diario "La Prensa" de esta capital publicó el 22 de junio de este año las declaraciones de cinco ex militares que describían cómo se realizaban los vuelos y aseguraban que las víctimas se ejecutaban solamente por diversión y sin ningún motivo político sobre sus muertes.
Juan Calzada, entonces integrante del desaparecido G-2 (inteligencia militar), Julio Ortiz, Florentino Paredes, Benito González y Crisol Uriarte se identifican en la nota de prensa como los ex militares que estuvieron a las órdenes de Córdoba, entonces jefe militar de la provincia y cercano al ex general Manuel Antonio Noriega, y que relataron al diario los hechos.
Los militares también revelaron que en marzo de 1983 un comando especial ejecutó al colombiano identificado como "Paisa" Arévalo, al parecer traficante de indocumentados, en las riberas del río Turquesa, en Darién.
Córdoba, que estuvo en prisión varios años por el asesinato de un campesino después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, en 1989, para detener y enjuiciar a Noriega por narcotráfico y lavado de dinero, es ahora predicador y uno de los líderes espirituales del templo evangélico "El Palacio de la Vida Eterna", en la capital panameña.
