El gobierno golpista de Honduras está dispuesto a anticipar las elecciones del 29 de noviembre para buscar una solución a la crisis creada por el derrocamiento de Manuel Zelaya.
| julio 3, 2009
El gobierno golpista de Honduras está dispuesto a anticipar las elecciones del 29 de noviembre para buscar una solución a la crisis creada por el derrocamiento de Manuel Zelaya, horas antes de la llegada el viernes del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Roberto Micheletti, designado presidente interino por el Congreso, aseguró este jueves a la AFP que si se produce un "arreglo político (…) no tenemos ningún inconveniente" en anticipar las elecciones, un gesto destinado a aplacar los ánimos de la comunidad internacional, que ha condenado unánimemente el golpe.
"Cualquier día es bueno para nosotros", dijo, a condición de que dicho arreglo lo hagan el Tribunal Supremo de Elecciones y el Congreso Nacional.
Las elecciones presidenciales están previstas para el 29 de noviembre y la entrega del poder al vencedor para el 27 de enero.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que permanecerá menos de 24 horas en el país, no viene a "negociar" nada con las nuevas autoridades.
"No vamos a Honduras para negociar. Vamos a pedir que se deje de hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora", dijo el chileno.
Esto es, "recuperar la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y restituir al presidente José Manuel Zelaya como primer mandatario de esa nación" antes del sábado, según un ultimátum de la organización, so pena de expulsar a Honduras de la OEA.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ya avisó a Micheletti que "no reconocerá a un gobierno surgido de elecciones montadas sobre un golpe de Estado".
El depuesto Zelaya llegó este jueves a El Salvador procedente de Panamá, para culminar los preparativos de su retorno que ha fijado para el domingo.
Zelaya anunció que será acompañado en principio por Insulza, y los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Ecuador, Rafael Correa y algunos premios Nobel de la Paz, como por ejemplo la guatemalteca Rigoberta Menchú.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos han arremetido contra las medidas de represión del nuevo gobierno de Micheletti, que ha suspendido algunas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación durante el toque de queda que en principio concluye este viernes.
"Cualquier intento de suspender derechos inalienables debería ser condenado categóricamente", señaló en una carta José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Organizaciones de derechos humanos locales también denunciaron detenciones arbitrarias, reclutamiento militar forzoso y represión contra medios independientes por parte del Ejército.
Pese a todas esas medidas, decenas de miles de personas salieron nuevamente este jueves a las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo al menos dos heridos de bala, para manifestar a favor o en contra de Zelaya.
En Tegucigalpa, sin embargo, políticos, empresarios y analistas dudan de que Zelaya se atreva a regresar al país, donde la justicia emitió una orden de captura en su contra por 18 delitos, entre ellos, "traición a la patria".
Micheletti advirtió a la comunidad internacional en una entrevista exclusiva con la AFP que Zelaya "nunca va a retornar al poder" y que no le preocupan las represalias contra Honduras.
"Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó", dijo Micheletti, quien aseguró que el 80% de la población apoya el derrocamiento.
Entretanto la comunidad internacional multiplicó sus presiones. Los países de la Unión Europea llamaron a consultas a sus embajadores, informó el canciller español, Miguel Angel Moratinos.
