La fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Valter Lavítola y Paolo Pozzessere, exdirector comercial de Finmeccanica, tras una audiencia preliminar en Roma.
| marzo 5, 2014
Valter Lavítola, el hombre clave entre el Gobierno de Panamá y Finmeccanica, pretendió ayer eximir de toda culpa al presidente Ricardo Martinelli al asumir la autoría de los hechos delictivos que le atribuye la fiscalía liderada por Paolo Ielo.
A la audiencia preliminar, efectuada a puerta cerrada en la Cámara del Consejo del tribunal de Roma, Lavítola fue conducido por tres policías de la guardia penitenciaria italiana desde la cárcel de Poggioreale, en Nápoles.
En una declaración espontánea ante la jueza María Bonaventura, Lavítola negó que la sociedad Agafia Corp. pudiera ser reconducible al presidente Martinelli. La fiscalía calificó de “incoherente” lo dicho por el reo, porque puede probar que la finalidad de esta empresa era hacer llegar coimas a cuentas corrientes en el extranjero.
La fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Lavítola y y Paolo Pozzessere, exejecutivo de Finmeccanica.
El proceso se inició en Nápoles y trasladó la competencia judicial a Roma, porque los presuntos delitos se planificaron en la capital italiana, donde tienen sus sedes las empresas a las que se les adjudicaron los contratos del Gobierno de Panamá.
En los largos corredores del edificio, los abogados reconocieron a La Prensa la dificultad de trasladar a Roma los testigos panameños para reforzar su defensa. Alegaron que no se puede proceder contra Lavítola y Pozzessere porque “no hubo dinero indebido en la adjudicación directa del Ejecutivo de Panamá” y aunque sí admitieron que hubo promesa deliberada de dinero, solicitaron el sobreseimiento del proceso.
La audiencia empezó a las 11:20 de la mañana (hora de Italia) en la sala 10 del tribunal de Roma. Valter Lavítola, con aspecto bastante desmejorado, estuvo rodeado en todo momento por agentes uniformados de la policía italiana. Compareció vestido con jersey verde y pantalones vaqueros, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una botella de agua en la mano. Al término de la audiencia, la policía requisó temporalmente los teléfonos móviles de los periodistas para impedir que fotografiaran su salida.
La juez Bonaventura, que estuvo atenta a los alegatos del fiscal y de la defensa, ha programado sus decisiones para el próximo 18 de marzo a fin de profundizar en los próximos días en las acusaciones antes de enviar a Lavitola y Pozzessere a juicio. La prensa italiana informó que ese día empieza el juicio formalmente, pero fuentes de la fiscalía indican que se trata de la continuación de la audiencia preliminar.
A la audiencia preliminar, efectuada a puerta cerrada en la Cámara del Consejo del tribunal de Roma, Lavítola fue conducido por tres policías de la guardia penitenciaria italiana desde la cárcel de Poggioreale, en Nápoles.
En una declaración espontánea ante la jueza María Bonaventura, Lavítola negó que la sociedad Agafia Corp. pudiera ser reconducible al presidente Martinelli. La fiscalía calificó de “incoherente” lo dicho por el reo, porque puede probar que la finalidad de esta empresa era hacer llegar coimas a cuentas corrientes en el extranjero.
La fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Lavítola y y Paolo Pozzessere, exejecutivo de Finmeccanica.
El proceso se inició en Nápoles y trasladó la competencia judicial a Roma, porque los presuntos delitos se planificaron en la capital italiana, donde tienen sus sedes las empresas a las que se les adjudicaron los contratos del Gobierno de Panamá.
En los largos corredores del edificio, los abogados reconocieron a La Prensa la dificultad de trasladar a Roma los testigos panameños para reforzar su defensa. Alegaron que no se puede proceder contra Lavítola y Pozzessere porque “no hubo dinero indebido en la adjudicación directa del Ejecutivo de Panamá” y aunque sí admitieron que hubo promesa deliberada de dinero, solicitaron el sobreseimiento del proceso.
La audiencia empezó a las 11:20 de la mañana (hora de Italia) en la sala 10 del tribunal de Roma. Valter Lavítola, con aspecto bastante desmejorado, estuvo rodeado en todo momento por agentes uniformados de la policía italiana. Compareció vestido con jersey verde y pantalones vaqueros, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una botella de agua en la mano. Al término de la audiencia, la policía requisó temporalmente los teléfonos móviles de los periodistas para impedir que fotografiaran su salida.
La juez Bonaventura, que estuvo atenta a los alegatos del fiscal y de la defensa, ha programado sus decisiones para el próximo 18 de marzo a fin de profundizar en los próximos días en las acusaciones antes de enviar a Lavitola y Pozzessere a juicio. La prensa italiana informó que ese día empieza el juicio formalmente, pero fuentes de la fiscalía indican que se trata de la continuación de la audiencia preliminar.
REACCIONES EN PANAMÁ
“En Roma la justicia no se ha ido de vacaciones ni de carnavales”. Así reaccionó la dirigente del partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera.
Sostuvo que con esta solicitud las autoridades judiciales panameñas deben reabrir un proceso contra funcionarios del Gobierno vinculados en el delito de corrupción de funcionarios tras el supuesto pago de coimas para la compra de helicópteros, radares y sistema de cartografía digital a empresas italianas.
“Se debe analizar este tema de corrupción internacional con vínculos de funcionarios panameños y el Ministerio Público debe hacer su trabajo”, dijo la excandidata a presidenta de la República por el PRD.
El Juzgado Primero Municipal condenó en octubre de 2013 a tres años de prisión a Herrera por delito de inviolabilidad del secreto tras divulgar correos electrónicos de conversaciones entre Martinelli y el empresario italiano Valter Lavítola. Sin embargo, la dirigente del PRD apeló la decisión de la jueza primera municipal, Yorlenni Fruto Moncada.
Por su lado, el diputado panameñista José Isabel Blandón sostuvo que es irónico que sea en Italia y no en Panamá donde estén investigando “un caso de posible corrupción donde los fondos públicos que se estaban desviando indebidamente a bolsillos privados son fondos panameños, no italianos. Debería darle vergüenza a la justicia panameña”.
En tanto, Avidel Villarreal, jefe de campaña del PRD, dijo que aún existen personas que creen en algún momento que el poder les favorece y entran entonces en su abuso, pero terminan mal. “Lo que nosotros quisiéramos es que de igual manera los tribunales panameños investigaran los casos de corrupción [sobre Finmeccanica]”, agregó.
(Con información de Elio Núñez y Gustavo Aparicio).
Fuente: Prensa.com
