Los ministros de Relaciones Exteriores o representantes de los 34 miembros activos de la OEA aprobaron la Declaración de Antigua Guatemala, que establece un mecanismo para seguir discutiendo cómo replantear las políticas de drogas en la región
| junio 7, 2013
Los ministros de Relaciones Exteriores o representantes de los 34 miembros activos de la OEA aprobaron la Declaración de Antigua Guatemala, que establece un mecanismo para seguir discutiendo cómo replantear las políticas de drogas en la región, después de 40 años con el énfasis puesto en estrategias de seguridad.
La clausura se alargó cuatro horas más de lo previsto debido a que los países de la OEA se enfrascaron en una discusión por un documento sobre acceso a la información, objetado principalmente por Ecuador en puntos referentes a la relatoría de libertad de expresión de la CIDH.
Finalmente, el texto fue aprobado con algunos pies de página, por parte de Venezuela y Ecuador, que dijo que la relatoría "no tiene credibilidad". La declaración final señala que el problema mundial de las drogas "se ha convertido en un desafío cada vez más complejo, dinámico y multicausal" y requiere "un abordaje integral, equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de derechos humanos y libertades fundamentales". Uno de los acuerdos principales es celebrar el año próximo, en fecha por definir durante el primer semestre, una asamblea general extraordinaria específicamente sobre este tema. Antes se harán reuniones técnicas que aportarán "insumos" para la discusión.
Sobre la legalización de las drogas, apoyada por países como Guatemala y Uruguay, y rechazada por naciones como Estados Unidos, Nicaragua o Panamá, los países de la región se van de Antigua sin una postura común.
La asamblea fue un "gran éxito" porque permitió lograr "un consenso grande en materia de drogas que permite avanzar hacia el futuro", dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, antes de las discusiones que alargaron el cierre. La legalización "ciertamente es un tema que puede cambiar. Algunos países, algunos estados, han legalizado la marihuana y por lo tanto va a estar en la discusión".
Sin embargo, Insulza dijo que "no ve mucho ánimo" al respecto para otras drogas. Insulza dijo que se está "iniciando un debate y los signos son muy estimulantes, pero no es un proceso completado ni mucho menos".
"Sobre un tema tan espinoso como el tema de las drogas los niveles de consenso y de acuerdo (alcanzados) son bastante grandes", indicó. Pero, aunque el tema central de la cita continental fue "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas", la última jornada estuvo dominada por los cuestionamientos a la CIDH de Venezuela y Ecuador, secundados por Bolivia y Nicaragua. Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, y de Ecuador, Ricardo Patiño, cuestionaron duramente al organismo, al que acusaron de parcialidad "para desacreditar y condenar" sólo a ciertos países.
Jaua dijo que los criterios usados por la comisión para elaborar sus informes "son subjetivos y se prestan a discriminación, selectividad y a interpretaciones individuales". Patiño afirmó que "no se puede seguir aceptando" que la sede de la CIDH, que está en Washington, se mantenga en un país que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José).
La aspiración de Ecuador de colocar a un ecuatoriano dentro de la CIDH fracasó en la votación para renovar tres de los siete miembros del organismo para un periodo de cuatro años, a partir del 1 de enero. Los elegidos fueron el mexicano José de Jesús Orozco, actual presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro y el brasileño Paulo de Tarso Vannuchi. Afuera quedaron el colombiano Rodrigo Escobar Gil, que igual que Orozco buscaba la reelección, el ecuatoriano Erick Roberts Garcés y el peruano Javier de Belaúnde.
En la última jornada se decidió también crear una comisión especial que analice la inclusión de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas de jefes de Estado y de Gobierno de 2015 en Panamá, a pedido de Nicaragua y otros países. La decisión se tomó en una reunión del Grupo de Revisión e Implementación de las Cumbres, que sesionó en el marco de la asamblea.